Por el polémico fiscal Picón, los guardias de los countries se convierten en carceleros de los vecinos

Resulta redundante tener que volver sobre esta cuestión a esta altura de los acontecimientos; sobre todo ante la posibilidad de que se flexibilicen algunas de las restricciones impuestas por la cuarentena declarada tanto en la Nación, en las provincias y en este caso, en el municipio de Yerba Buena.

El tema se inició en el country “Los Azahares“, cuando un médico fue impedido de atender a un paciente por los guardias del mismo. En ese entonces y tal como lo señalamos desde El Diario en Tucumán en la nota titulada “¿Quién decide sobre las libertades individuales en épocas de cuarentena?” (Click en letra azul para acceder) publicada el 12 de Abril pasado.

Nuevamente el fiscal Carlos Picón, vuelve a las andadas a “llevarse puestas” las garantías constitucionales de los ciudadanos que habitan en los barrios privados y countries, insistiendo en delegar el poder de policía en ciudadanos comunes o ex policías, que prestan servicios de vigilancia en los mismos.

Increíblemente, Picón, también tiene domicilio en dicho country y según se manifiesta, está al tanto de la indignación de sus vecinos que no logran comprender la motivación que tiene este fiscal para aplicar tal medida y mucho menos saben cuál es el basamento jurídico en el que el funcionario judicial se apoya para otorgar semejante obligación y poder a las empresas que prestan servicios de vigilancia y a los mismos porteros y guardias. “Meme que circula entre los vecinos de countries de Yerba Buena”

En momentos en que se debate en Buenos Aires y con una enorme progresión en la sucesión de casos de COVID19, sobre la legalidad o conveniencia de la clausura a los accesos de la llamada “Villa Azul“, Picón toma para sí la atribución de encerrar en sus casas a los vecinos de los countries de Yerba Buena y obliga a los guardias a actuar de carceleros de quienes les pagan para que les brinden solo un servicio de seguridad.

Por lo bajo, vecinos de distintos countries expresan lo que piensan sobre el nuevo rol -otorgado por el fiscal Picón– de los empleados y de las empresas de seguridad contratadas. “Apenas termine esto, la primera medida será rescindir el contrato con las empresas y los guardias” “Es absurdo que uno tenga que sufrir este acoso por parte de terceros y que tengamos menos libertad dentro de nuestros barrios que en cualquier calle de la ciudad”. “Esto es inaceptable y de algún modo nos solidarizamos con los guardias y empleados que en muchos casos llevan años trabajando y cuidando nuestros hogares”. “Ha sucedido que por salir circunstancialmente de nuestras casas, se nos acerque un guardia y con pudor nos diga, ‘perdón señor, pero usted sabe que nos obligan a hacer esto…‘”, declaran vecinos que fueron consultados por El Diario en Tucumán.

El fiscal Carlos Picón podría, sin necesidad de obligar a empresarios de las agencias de seguridad, enviar patrulleros a ingresar a los respectivos countries, o si lo desea, poner a verdaderos Policías, de guardia en las puertas de ingreso o dentro de los mismos predios. Lo que no tiene asidero alguno es que se exceda en sus atribuciones, exigiendo que los guardias se transformen en una suerte de carceleros y mucho menos que filmen o retraten a vecinos.

Hoy vivir en un country o barrio privado implica aceptar que los propios guardias que deben brindar seguridad, se distraigan de su función para perseguir a quienes los contratan.

El Diario en Tucumán consultó al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Yerba Buena, Lic. Pablo Macchiarola, quien al respecto expresó:

Desde la municipalidad de Yerba Buena solicitamos al COE la apertura, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, la reapertura de varias actividades cómo ser: plomeros, gasistas, jardineros, comercios y oficios varios en la que obtuvimos una respuesta positiva. También solicitamos por las actividades deportivas (bicicleta, treking, tenis, golf, gimnasia, etc), recreativas (salidas a caminar de padres con hijos a los lugares de cercanía), reuniones familiares de hasta diez personas y comerciales (gastronómicos) y todos aquellos que aún no pudieron retomar su actividad, con la cuál se ganan la vida, luego de 70 días de ASPO”. Con respecto a las últimas, aún no hemos tenido respuesta del COE”.
“Tenemos que aprender a convivir con este virus hasta tanto surja una vacuna o una cura”.

“Dicho esto, huelga decir que no estamos a favor de medidas que restrinjan la libertad de los vecinos violentando los más esenciales derechos consagrados en la Constitución Nacional cómo ser el artículo 14 que reza: “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita, , de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de públicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender“, concluye el funcionario municipal.

El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez o la misma Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, debieran encarrilar a este funcionario judicial que optó por tomar a la Constitución Nacional de rehén, junto con los vecinos de los countries de la provincia y por algún motivo desconocido, especialmente de Yerba Buena.

 

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