¿Quién decide sobre las libertades individuales en épocas de cuarentena?

La viralización de un video que expone el accionar de un médico tucumano pone serios interrogantes sobre quién o quiénes son los encargados de hacer cumplir las órdenes emanadas de los decretos y comunicaciones presidenciales; en torno a la cuarentena con reglas poco claras.

Dejando de lado las formas, este caso pone sobre el tapete una grave situación. El médico en cuestión, declaró que se dirigía hacia el domicilio de un enfermo grave cuyo domicilio se encuentra en uno de los tantos countries de Yerba Buena.

Justamente es este municipio el que tomó la delantera en cuanto a otorgarle atribuciones a la Guardia Urbana Municipal y a personal de tránsito, que no están sustentadas en normativa alguna. Se colocaron vallados y se controla ingreso y egreso de vecinos y visitantes.

A los efectos de controlar el desplazamiento de los vecinos yerbabuenenses, les tocó, tanto a los agentes de la GUM como a los de tránsito, evaluar y disponer (a veces con presencia policial y otras no) quienes podían circular y bajo qué circunstancias. La del médico en cuestión, no fue en absoluto la primera situación en la cual los intereses y derechos civiles quedaron librados a la interpretación de personal que no solo no está capacitado para decidir al respecto, sino que carece de legitimidad que emane de la Constitución Nacional y Provincial y de leyes vigentes.

El caso del médico es emblemático, ya que expone ciertas particularidades que son caldo de cultivo para el amarillismo. Al tratarse de un médico homeópata y no un alópata, queda en evidencia lo que intentamos exponer.
Hoy podemos leer un artículo publicado por el principal medio gráfico y web tucumano, en donde se plasma la opinión del gerente de una empresa de seguridad que emite juicios de escaso o más bien nulo respaldo jurídico.

NOTA DEL DIARIO LA GACETA

Prebisch consultado por LA GACETA, dijo: “me trataron mal y yo, que soy temperamental, me enojé. Me molestó que me dijeran que un médico no podía andar en bicicleta. Además querían que les muestre un estetoscopio…»

Redacción de El Diario en Tucumán: Resulta obvio que exigirle a un médico homeópata un «estetoscopio«, es tan absurdo como solicitarle a un otorrinolaringólogo que exponga un instrumental propio de un ginecólogo.

Continúa la crónica de La Gaceta:

«Al poco tiempo de haberse iniciado el operativo ‘Nadie en la Calle’, funcionarios judiciales y uniformados de la Policía se presentaron en al menos 10 countries de Yerba Buena y en varios barrios cerrados para informarles que también debían hacer cumplir el aislamiento social obligatorio. Además, se les informó a los guardias que estaba prohibido el egreso e ingreso de personas sin justificativos y que debían informar cualquier violación de esa norma. Esa orden, luego, fue notificada oficialmente a todas las empresas de seguridad de la provincia».

«Según relató el gerente de la empresa de seguridad Smart, Rodolfo Daruich, consultado por LA GACETA, confirmó que los guardias, desde ese momento, cumplen esa orden. Aclaró que sólo permiten el ingreso de personas que tengan un real justificativo y, si se presenta algún cadete con algún encargo, el propietario debe presentarse en la guardia para retirar o entregar algún objeto».

Es en éste momento  en donde puede observarse lo insólito de la situación. Entra  en juego el  gerente de una empresa de seguridad (Daruich), personal policial, funcionarios judiciales y guardias de «diez countries«. Los funcionarios del Estado, habilitados a hacer cumplir la ley, «dan órdenes y directivas«, indicando -vaya a saber bajo qué normativa- el cumplimiento de un protocolo (¿existe tal cosa?) a ser aplicado puertas adentro de los countries en cuestión.

Es entonces en que, al menos según La Gaceta en su artículo, los  guardias  de los countries, pasan a ostentar un poder de policía que bajo ninguna circunstancia tienen aptitud para ejercer. Mucho menos, discernir (como en el caso del homeópata) cuáles serán las condiciones, exigencias, formas, etc. bajo las cuales un propietario que habite en dichas urbanizaciones especiales, pueda acceder a un tratamiento médico en tiempo y forma. En la nota se declara que el paciente sufre de una grave enfermedad.

En definitiva, este desaguisado pasa a ser un hecho insólito y grave desde el punto de vista de la defensa de derechos personalísimos consagrados en la Constitución Nacional. Para los guardias del country en cuestión, fue «natural» obedecer las directivas de su «jefe» (el gerente de la empresa en la que trabajan) y desoír el planteo del profesional, médico homeópata. Mucho más grave aún, no consta que se pusieran en contacto con el vecino enfermo, que es quien paga sus salarios mediante las expensas. Sin embargo, se tomaron todo el tiempo para discutir con el Dr. Prebisch y grabar ese video que se hizo viral en las redes.

Este embrollo viene a  poner en evidencia que a la hora de cumplir directivas, se debe explicitar sin que quede duda alguna, cuál es el «paraguas legal» bajo el que se sustentan las mismas.

Todo este tema no se trata de que la cuarentena se cumpla en un grado tal, que dependa del sentido común o de las órdenes, otorgadas y recibidas, respectivamente por quienes no están habilitados para delegarlas ni para interpretarlas. Mucho menos para hacerlas cumplir.

En definitiva, si evaluamos extraer alguna enseñanza de este escandalete -que a muchos divierte y a otros indigna- es  que las leyes y normas están para ser respetadas y cumplidas. También para que comprendamos que no todo médico carga un estetoscopio para hacer su trabajo, ni todo «tipo con uniforme de Rambo«, es una autoridad a quién se debe obedecer. Urge poner en blanco sobre negro estas cuestiones, de cara a lo que vaya a durar la vigente cuarentena.

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