En plena pandemia Campero elude un Decreto Presidencial y despide de forma irregular a un empleado

Porque puedo, porque quiero y listo” Esa pareciera ser la consigna de todo funcionario y asesor legal y contable de la gestión del intendente Mariano Campero a la hora de emitir algún tipo de dictamen.

El reciente despido del empleado municipal, Lucas Herrera, ocurrido este miércoles 26 de Agosto en la Municipalidad de Yerba Buena, no se comprende si tenemos en cuenta de que se encuentra en vigencia la ampliación por sesenta días (DECNU-2020-624-APN-PTE – Prohibición de despidos y suspensiones. Prórroga) de los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del 31 de marzo de 2020 y 487 del 18 de mayo de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 del 24 de abril de 2020, que prohíben los despidos en tiempos de pandemia.

Lucas Herrera es un empleado de Planta Permanente, con más de DOCE AÑOS de antigüedad en el municipio que empezó a vivir una larga pesadilla que se inició a mediados de 2017 y que no acaba de terminar.

Ese año Lucas empezó a ser sujeto deaprietes“, hostigamientos, exigencias que van más allá de las obligaciones dictadas por el Estatuto del Empleado Público. El ejecutor de este accionar era nada menos que su jefe inmediato, el Contador General CPN Adolfo Haga (sí, el mismo que actuó en casos como el de la adjudicación directa a un “indocumentado” de una obra por $4.500.000 San Expedito, compras de combustible sin licitación en una Estación de Servicio del hemano del concejal Macome, el cobro irregular del TEM y cuanto “bodrio” contable y administrativo tuvo el área de hacienda de la Municipalidad de Yerba Buena.

Ante esta situación, Herrera comenzó a sufrir descompensaciones y ataques de pánico que le obligaron a consultar a un psiquiatra quien le ordenó tomar licencia. Extinguida la licencia, desde el municipio intentaron obligar a Lucas a retomar sus funciones contradiciendo expresas directivas de su psiquiatra. Esta fue una tarea de desgaste, confusión y más presión sobre el empleado.

Finalmente se empezó a pergeñar el modo de “sacarlo de encima” sustanciando un sumario en que no se le dio vista a toda la documentación en tiempo y forma. Todo esto mientras se lo obligaba a retomar sus funciones en otra oficina. El trabajo ya estaba hecho.

En la misma época, vaya casualidad, se produjeron traslados y situaciones similares en áreas estratégicas del municipio, como ser. Dpto. Contabilidad y Presupuesto (donde se desempeñaba Lucas Herrera), Dpto Compras, Dirección de Despacho, Dirección de RRHH y otros lugares estratégicos. De paso, en el medio, se produjo el robo de más de un millón y medio de pesos y documentación en Tesorería de la Municipalidad de Yerba Buena. Esto mientras el intendente Campero paseaba por París. A su regreso no hubo ni informes ni renuncias ni investigación interna que se conozca. La causa duerme el sueño de los justos a pesar de ser un hecho tan grave.

El Decreto Nº 339-20 de Agosto por el que se declara cesante al empleado Lucas Herrera, menciona el articulado en que se basa para acusar al mismo, pero se obvia puntualizar cuáles son los motivos reales por los que Lucas llegó a adquirir una patología para él nueva, motivada por las presiones, maltratos y exigencias a la que fue sometido por su jefe directo, el Contador Haga.
Se cuestiona también la dosis de medicamento que el empleado toma por receta de su psiquiatra, sin tener la más mínima idea de los trastornos económicos y psicológicos a los cuales Lucas fue sometido a raíz de las medidas tomadas en el curso de la investigación. En todo momento se pretendió por sobre indicación médica precisa, que el empleado retomara la función en el mismo lugar en donde se sucedieron los hechos que motivaron su enfermedad y posterior tratamiento psiquiátrico. Lucas solo tenía la opción de seguir las indicaciones terapéuticas de su psiquiatra sin poder darse el lujo de acatar directivas de burócratas que de ninguna manera podrían prevalecer sobre las de su médico personal.

Al día de la fecha, no es de extrañar, pero siendo el tema de público conocimiento; Lucas obtuvo solidaridad de empleados municipales y compañeros de trabajo, pero nunca fue protegido ni apoyado por el gremio que conduce “Vieja” Reynoso.
En este momento, el empleado es respaldado por representantes del gremio ATE, en la figura de la dirigente Alejandra Muntaner.

En tiempos de pandemia, sin miramientos ni el más mínimo recato moral y legal, la intendencia de Yerba Buena deja en la calle, contrariando un directivas emanadas de un decreto del Presidente de la República que prohíbe el despido de trabajadores.

Lucas Martín Herrera queda fuera de planta permanente, tras doce años de ardua labor como empleado municipal, sin antecedentes de problemas similares, que solo salieron a la luz del maltrato y acoso laboral al que fue sometido por su jefe el Contador General CPN Adolfo Haga.

Más temprano que tarde, esto provocará otro juicio más al municipio y por ende el vecino tendrá que pagar los gastos y costas de un juicio por daños y perjuicios ejercidos contra Lucas Herrera y que afectan su buen nombre y honor, más allá de su situación laboral; por hechos que se produjeron en las propias narices del intendente Campero.

La municipalidad de Yerba Buena no puede seguir siendo la “hacienda” del intendente Campero y sus funcionarios, que eluden respetar los derechos de los trabajadores yhasta se dan el lujo de pasar por alto nada menos que un Decreto Presidencial.

 

 

 

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