Los reclamos sobre casos de inseguridad sacudieron al Estado Provincial en su conjunto. El reclamo ciudadano se expande como el COVID con una consigna que recae sobre todos los poderes del Estado y sin distinción. La palabra que más resuena en la calle, en los medios y en las redes es una sola: JUSTICIA.Está visto y probado que cambiar la integración de la cúpula del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia, surge como una demanda o una reacción ante cada hecho de inseguridad grave que se produce; no obstante esa fórmula se agota en sí misma por cuestiones ajenas que coadyuvan entre sí. Por tal motivo y aunque cambien las conformaciones de los equipos, la realidad no se ve modificada.
Mal que pese a los detractores de la institución policial, hay que decir que en realidad el porcentaje de esclarecimiento de hechos de inseguridad, a nivel policial es bastante alto, no obstante los delitos no cesan. Es justamente ésto, lo que provoca una indignación generalizada.
Para poder intentar despejar el panorama, lo primero que hace falta es que exista una verdadera división de poderes, sin dejar por ello de tender puentes institucionales, a fin de poder generar políticas de estado que colaboren a solucionar -al menos en parte- las cuestiones coyunturales para luego embarcarse en el desafío de abordar la problemática de fondo.
Las medidas unilaterales de cada uno de los tres poderes han resultado en un fracaso rotundo a lo largo de los años y gobierno tras gobierno, mientras la palabra «JUSTICIA» sigue siendo una suerte de entelequia, un grito cacofónico que expresa qué se pide pero que no aporta a la resolución del problema.
El poder judicial, ha hecho mucho para desprestigiarse a sí mismo por acción u omisión. El caso de Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que expuso nada menos que a al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; no solo manchó al Poder Judicial, sino que cayó como un baldazo de agua fría sobre los Poderes, Legislativo y el Ejecutivo provincial.
La actitud de Enrique Pedicone no deja de asombrar a propios y extraños. Los audios que circularon por redes sociales y medios de comunicación (ciertos o no, probados o no) exponen un diálogo que nunca debiera haber llegado tan lejos, si Pedicone actuaba como cualquier funcionario del Estado. No obstante este juez, optó por un camino escandaloso, cuasi mafioso y carente de institucionalidad, comprometiendo el desenvolvimiento normal de las instituciones del Estado.
Ante el primer llamado de Leiva a Pedicone (recordemos que la defensa del vocal de la Corte declaró que son falsos), a este último le cabía una y solo una opción. Con solo haber respondido al llamado diciendo «Lo siento su señoría, pero su llamado es improcedente e irregular» y colgado el teléfono, el escándalo habría pasado desapercibido o no sería tal.
Pedicone, actuó de manera absurda e ilegal (según sus propios dichos, audios y posteriores denuncias) al dejar y dar pie para que un supuesto delito termine de configurarse. Pedicone optó por grabar las conversaciones telefónicas, reunirse (según sus propios dichos) con Leiva, grabar su diálogo en una mesa de café, para luego hacerlo «correr» por redes y medios de comunicación. ¿Por qué Pedicone no optó por el camino más lógico que tomaría cualquiera que estuviese dispuesto a actuar bajo derecho y sencillamente colgar la llamada y dar un corte de raíz al asunto? Este interrogante carece, al menos por ahora, de respuesta alguna.
Tres de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, accedieron a su cargo tras ocupar la jefatura de la Fiscalía de Estado. El caso de Leiva, por ende, mancha al propio gobernador Manzur y luego al vicegobernador Osvaldo Jaldo. Este último, se vio obligado a participar a razón de los pedidos de Juicio Político en contra de los funcionarios judiciales y por ello dar lugar a un conflicto entre poderes.
Si Pedicone hubiese actuado como debía, no hubiese generado este «terremoto institucional», solo él puede explicar el por qué le dio continuidad a un acto que dejó una mancha indeleble en el poder que él mismo representa.
Resulta imposible, de esta manera, que ante hechos de inseguridad sucesivos, la ciudadanía perciba que en Tucumán «no hay justicia«.
Cualquier programa que intente esbozarse para combatir la inseguridad reinante, choca de frente con un caso que pone en banquillo de los acusados a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.
Tanto el gobernador Manzur, como el Presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo e inclusive, los otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia, necesitan y deben, «soltar la mano» a Leiva y a Pedicone, dejando así actuar a las instituciones. Los vocales de la Corte y de la Cámara, respectivamente, tienen su suerte echada. Su credibilidad, honorabilidad y demás requisitos para cubrir tan altas responsabilidades, están dañadas de manera insanable. Sus procederes son hoy un verdadero obstáculo para la gestión Manzur-Jaldo.
Tal vez Leiva podría haber puesto a disposición su renuncia, pero ello le habría condenado a aceptar la culpabilidad de un hecho que todavía debe juzgarse si sucedió y de ser así desentrañar en qué marco se dio.
Al día de hoy, el vocal Daniel Leiva, recusó a dos de su pares (Daniel Posse y a la mismísima Presidente de la Corte, Claudia Sbdar) en lo relativo a las causas que lo implican, generando con ello suspicacias sobre la objetividad de sus pares.
La misma Corte Suprema de Justicia de Tucumán es la que debió tomar el toro pos las astas y «lavar la ropa sucia en casa«, no obstante con una tibieza inaudita, se mantuvo al margen, permitiendo que Leiva y Pedicone contagien a los otro dos poderes del Estado con un virus sin vacuna.
Manzur en la gobernación y Jaldo, en la Legislatura, deben sin duda alguna dar una señal política clara y contundente a la sociedad, «soltando la mano» de Leiva, que junto a Pedicone, deben someterse ante lo que resuelvan los órganos que correspondan. El juicio político de ambos, sería un buen ejemplo y una oportunidad para «sanear» al Poder Judicial.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo, deben poner las cosas en su lugar; caso contrario, el bizarro proceder de ambos funcionarios judiciales seguirá salpicando las puertas de los despachos de las dos máximas autoridades de sendos poderes.
Ni el gobernador Juan Manzur, ni el vice Osvaldo Jaldo, deben permitir que el caso Leiva-Pedicone, les tape el horizonte de lo que debiera ser un diseño y ejecución de la gestión del servicio de seguridad estatal a los ciudadanos.
La adquisición de armamento, proyectos de construcción de una nueva unidad penitenciaria, compra de móviles, capacitación a los agentes de la Policía de la Provincia e incorporación de nuevo personal, entre otras medidas, debe ir de la mano de una agilización de la inmensa cantidad de casos que aguardan que la justicia se expida al respecto. El accionar del Ministerio Fiscal hasta la fecha, solo alcanzó a actuar como una «aspirina» contra el virus delictual.
En la cola, allá muy lejos, se ve a la tríada conformada por Silvia Elías de Pérez, el legislador Canelada y José Cano (en ese orden), rapiñando ante cada hecho de inseguridad, en la búsqueda de beneficios políticos personales.
No tan lejos pero en un llamativo silencio por los casos que lo involucran, el Legislador y siempre candidato a lo que sea, Ricardo Bussi, aguarda la oportunidad de quedar «libre de manos» para jugar el juego que mejor juega y que más le gusta.