El último fin de semana se llevó a cabo en Mar del Plata la octava asamblea ordinaria del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), organismo creado por la ley de medios en ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para contribuir al diseño de políticas públicas de radiodifusión.
Cofeca, presidido por segundo mandato consecutivo por el ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, está compuesto por representantes de las provincias, sindicatos, universidades, medios públicos, pueblos originarios, prestadores de servicios de comunicación públicos y privados y de miembros la Coalición para una Radiodifusión Democrática.
En la sesión se avanzó en el relevamiento de repetidoras y emisoras en zonas de frontera, en aspectos relacionados a la publicidad oficial y a los canales de baja potencia.
Sobre el final, el consejero Ignacio Golobisky, concejal, periodista y representante de Tucumán, incorporó un tema a la agenda del día: reclamó que a las transmisiones de Fútbol para Todos se sumen periodistas de las provincias en las que se juegan los partidos. Bruno Cazenave, director de Prensa de La Pampa y consejero por esa provincia, añadió un pedido similar para el Automovilismo para Todos.
“Apoyamos estos planteos de federalismo en serio y vamos a gestionar ese cambio necesario ante las autoridades que correspondan”, anticipó el ministro Báez.
En la sesión se presentó la nueva imagen institucional del organismo y un sitio web.
También se analizó el proyecto de ley presentado por la senadora nacional entrerriana Sigrid Kunath para instituir el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios.
Los casos de justicia por mano propia y su tratamiento mediático tuvieron espacio en la sesión. Báez señaló la necesidad de un debate profundo al respecto.
“La postura de Cofeca debe ser clara: no son ‘linchamientos’, sino delitos graves. Y esta no es de ninguna manera la vía para alcanzar justicia. Debemos rechazar que desde los medios se incentiven estos delitos con tratamientos y coberturas tan irracionales como irresponsables. Cambiar el nombre tiene una intención política inconfesable”, indicó finalmente.
