El diario Página 12 dio cuenta en un informe que compromete seriamente al actual Interventor del distrito Tucumán del PRO, Santiago Hardie. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación participan en una red de empresas financieras acusadas de estafar, amenazar y hasta apropiarse –durante meses– de los sueldos de sus clientes para enriquecerse ilícitamente.
Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, del actual subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Fernando Molas, y su antecesora en el mismo cargo, la abogada Mónica Dreyssig. Los tres poseen amplias carreras dentro de empresas financieras que entregan créditos bajos y a corto plazo.
Vivir sin el sueldo
Esta investigación se remonta al 2002, cuando Hardie creó la empresa Wenance S.A., que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy. Acumula en la actualidad un sinnúmero de denuncias públicas y judiciales por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes que se suceden hasta vaciar las cuentas sueldo en cuestión de horas.
Si bien el secretario de la cartera agraria se desprendió de Presto Hoy en 2014, en la actualidad es dueño junto a Molas de otra empresa financiera, Naola S.A., en la cual Dreyssig es la abogada patrocinante. De acuerdo con su última declaración jurada (de 2016), Hardie cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos.
Esta empresa denuncia sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos. Andrea Colamarino es una de esas personas denunciadas. Se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo. Pero no se sorprendió: contó que es víctima de Presto Hoy (PH) desde que, para iniciar un emprendimiento personal, solicitó un préstamo de 8 mil pesos. Por ese dinero le debitarían 18 cuotas de 3 mil, pero en PH no cumplieron. “Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10 mil pesos y estimo que en total extrajeron demás una cifra superior a los 60 mil pesos”, denunció. En diciembre, Andrea Colamarino cerró su cuenta para ponerle fin al calvario, pero la pesadilla continúa. Sin saber cómo, la empresa ubicó su nuevo CBU y volvió a extraerle su sueldo el mes pasado. “Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI”, reveló el abogado Juan Manuel Baya Casal. El abogado representa a 150 damnificados de la empresa y está listo para presentar una serie de acciones contra la compañía, tras el fracaso de la mediación legal.
“Existe el delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente y en tercer término se procede con el hurto, porque les sacan el sueldo”, enumeró.
Pero si Colamarino no es clienta de Naola, ¿por qué esa empresa la denuncia? Según se desprende de la acusación penal de otra víctima de PH, a los clientes les hacen firmar un pagaré en blanco. Ese que le adjudican a Andrea, que está firmado por ella y acompañado de un recibo de sueldo que efectivamente le pertenece y entregó en las oficinas de Presto Hoy. Los clientes nunca tuvieron contacto con Naola S.A., nunca le pidieron un crédito a esa empresa, nunca firmaron un pagaré para esa empresa, tampoco le dieron copia de su recibo de sueldo, ni le firmaron papel alguno. Sí lo hicieron para Presto Hoy.
En Naola toman algunos de los datos y los documentos que las víctimas le dieron a Presto Hoy y los usan para completar un pagaré que, en el mejor de los casos, fue firmado en blanco por los solicitantes del crédito a PH. Con esos datos, en Naola completan el pagaré con un monto aleatorio que nada tiene que ver con el préstamo original. La dirección de la víctima que figura en la demanda y en el pagaré no se corresponde con el domicilio real de la persona.
“Un pagaré es un título que se basta a sí mismo y para ejecutarlo no hay que dar el origen de la deuda. Lo llamativo de la operación en este caso, y que se reitera, es que quien termina ejecutando no es con quien se firmó ese contrato. La variación de los montos demuestra la vulnerabilidad de quien va a buscar el préstamo”, analizó Carlos Biezhun, abogado de la ONG La Alameda. “Que no figure la dirección correcta lleva a pensar que, como la notificación se hace en ese domicilio, el afectado no se entera del proceso hasta que se procede con el embargo. Muestra la mala fe en función de perjudicar al deudor.”
En la presentación contra Colamarino, la empresa de los funcionarios Hardie y Molas, representada legalmente por Dreyssig, le asigna un pagaré impago por un monto de 24.180 pesos, supuestamente vencido en agosto de 2017. Solicita el embargo del 20 por ciento de su sueldo hasta cubrir el monto con los correspondientes intereses y costas. La demanda indica que la supuesta deudora vive en la calle Avenida Chenaut 1957 piso 11º depto. A de la CABA, pero en realidad vive en Cañuelas. Nunca residió en ese domicilio.
“Al momento de firmar los papeles quería leer en detalle y los empleados me apuraban. Me decían que atrás había otras personas esperando, que me podía ir y volver mañana si necesitaba pensarlo. No presté mucha atención y firmé, no lo hice a conciencia. Necesitaba la plata rápido, no podía perder tiempo”, se sinceró Andrea y recordó: “Después de firmar un contrato extenso me dieron un papelito chiquitito del tamaño de un ticket. Salí sin nada, sin ningún comprobante”.
“Es violatorio a la Ley de Defensa del Consumidor no darte una copia de lo firmado”, explicó Baya Casal. El abogado estimó que el universo de afectados puede ascender hasta 6 mil personas. Según se trascendió en artículos periodísticos, Presto Hoy tiene más de 80 mil clientes en los últimos años. Las denuncias por débitos indebidos comenzaron a multiplicarse a partir de 2016 y continúan hasta el presente.
Ante las presentaciones judiciales colectivas e individuales, PH va modificando las condiciones de los préstamos. De acuerdo con la denuncia periodística, se pudieron comprobar cuatro formas de otorgarlos: mediante la firma de un contrato en las oficinas de la empresa, por teléfono, a través de su página web y mediante un contrato que llega por correo a domicilio, se firma y devuelve en el momento. Siempre sin copia ni registro para el cliente.
Los pagarés y los recibos de sueldo de los clientes de Presto Hoy que terminan en posesión de Naola son el nexo que une a los actuales y a los anteriores dueños de Presto Hoy. “Existe un vínculo entre las dos empresas. PH es el mascarón de proa para ver la operación encubierta de la otra empresa que realmente es la que hace el negocio y libera el dinero, por eso termina ejecutando el pagaré”, confirmó Biezhun.
Trayectoria PRO
La desesperación de los damnificados es tal que en las redes sociales proliferan los grupos privados donde comparten experiencias e intentan advertir de los riesgos que significa endeudarse con esa compañía. Los mensajes de advertencia se repiten con los que expresan miedo, indignación y paranoia.
Presto hoy, Wenance, Wenance bis, Deuda Cero, Compañía interlatino, Compañía inversora, Patagonia Cred, Vivus, Creed Patagonia, Compañía inverlatino, Débito directo, Cuota bis, Presto cobro cred, Plus Credit, Credplat, Autocrédito, Moniprest, Prestaya, PrestoCard y Crediplat; son sólo algunos de los códigos de descuento con los que la empresa logra debitar sistemáticamente las cuotas de sus clientes. De esta forma, logra eludir a las medidas de “stop debit” que los damnificados ejecutan en sus bancos. Es la primera acción que hacen los damnificados para tratar de evitar que la empresa Wenance les siga descontando. Pero una vez que con el trámite en el banco se frenan los descuentos desde ese registro, la empresa empieza a extraer el dinero bajo alguno de sus otros veinte nombres. No hay escapatoria.
Tasas usurarias
La Asociación de Consumidores Financieros (ACF) mantiene desde 2016 una denuncia civil en trámite contra Presto Hoy. De la acusación se desprenden las tasas usurarias que la empresa les cobra a sus clientes.
“En su página se informa que a diciembre de 2016 un préstamo de 15 mil pesos se cancelará mediante el pago de 12 cuotas de 3950 pesos, correspondiendo la suma de 1250 pesos a capital y la de 2700 a intereses. La tasa de interés cobrada es: 2700/1250 = 2,16 (o su equivalente 216 por ciento anual). De haber aplicado el sistema de amortización que utiliza el mercado financiero formal (regulado por el BCRA) la tasa hubiese sido mucho menor. En este supuesto el cliente devolvería por los quince mil pesos prestados el total de 37.553 pesos; es decir paga diez mil pesos menos” detalla la denuncia. De esta manera la empresa logra aumentar su ganancia de manera considerable, en perjuicio de los tomadores de crédito.
Actualmente, en su página web la firma indica en letra chica que el costo financiero total puede variar desde el 84,25 hasta el 5045,34 por ciento anual.
“Evidentemente hay un retaceo y falseo de la información que violenta la ley –continúa la denuncia– y un claro enriquecimiento ilícito. Es clave en este tipo de contratos tener en cuenta que la única forma de llevar adelante un abuso como el que denunciamos es ocultando información a personas que no están preparadas para calcular las ecuaciones financieras que son necesarias ejecutar para desenmascarar estos abusos. Hay un absoluto dolo de engañar.”
La Ley de Defensa del Consumidor establece que el otorgante de un crédito deberá consignar en forma clara: (a) la descripción del bien o servicio; (b) el precio; (c) el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado; (d) la tasa de interés efectiva anual; (e) el total de los intereses a pagar (costo financiero total); (f) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; (g) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; (h) los gastos extras, seguros o adicionales.
“Solo se informa el monto del crédito, el valor a pagar y las fechas de pago, lo demás no se aclara para confundir a los consumidores. Presto Hoy incumple abiertamente con el mandato legal, otorgando los créditos sin indicar el costo financiero, ni las tasas de interés, ni el monto a desembolsar originariamente.”
La denuncia precisa que “quienes solicitan los servicios de la accionada para conseguir una financiación que les permita cubrir sus necesidades son abusados y estafados encubriéndose los costos reales del crédito al solo efecto de sacarles dinero a los clientes”. “Insisto –agrega la presentación– en que estos créditos son para cubrir necesidades y no financiar compras superfluas.”
“Cuanto menos requisitos se piden, más alta es la tasa de interés y más alta es la vulnerabilidad del que va a pedir el crédito. La Ley de Entidades Financieras es del año 77, nos enfrentamos a una ley caduca pero vigente donde tendrían que regularse estas situaciones”, analizó Biezhun.
“Las condiciones de atrasos y punitorios por mora son usurarios”, señaló Ximena Rattoni, investigadora de La Alameda: “Primero se cobran los impuestos, luego los intereses punitorios, después los intereses confiscatorios y finalmente el capital –explicó–. Es un aprovechamiento de una situación complicada de la gente que recurre a los préstamos para cubrir gastos básicos y caen en un sistema de usura sin control”.
Fuente: Página 12