La intervención judicial se justificó en las “reiteradas” maniobras dilatorias y de ocultamiento de información de la empresa de parte de los representantes legales de Correo Argentino.
Pese a que la medida fue adoptada el martes, recién en la tarde del miércoles se conoció la decisión de la jueza del fuero Comercial Marta Cirulli de intervenir parcialmente la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia Macri. La empresa mantiene una controversia judicial desde hace más de una década por una deuda millonaria con el Estado Argentino.
La intervención judicial, según la jueza Cirulli, se justificó en las “reiteradas maniobras dilatorias y de ocultamiento de información de la empresa de parte de los representantes legales de Correo Argentino».
La fiscal Gabriela Boquín fue quien en 2017 denunció que el Gobierno nacional se disponía a condonar una deuda que el Estado reclamaba a Correo Argentino SA en concepto de cánones impagos. La fiscal había pedido el apartamiento de los administradores y síndicos de la empresa.
La jueza Cirulli figura como imputada en la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo, expediente que investiga responsabilidades sobre un presunto vaciamiento de la empresa.
La decisión de la jueza Cirulli establece la designación de un funcionario judicial para que “co-administre” la empresa Correo Argentino junto al los síndicos. En la resolución, la jueza habla de “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”.
El co-administrador designado por la Justicia deberá presentar informes “cada 30 días”. La juez Cirulli también acusó a los responsables de la empresa por “renuencia informativa”.
Según publicó el diario La Nación, desde el Grupo Socma se informó que habrá “colaboración con la Justicia”.
La intervención judicial ocurrió casi en simultáneo con la elevación del expediente concursal a la Corte Suprema por razones de “gravedad institucional” de parte de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. El máximo tribunal de Justicia deberá resolver si toma cartas en el asunto o devuelve el expediente al fuero Comercial. El conflicto entre el Estado y la empresa deviene de 2001.
El Grupo Macri fue concesionario del correo estatal, entre 1997 y 2003. El Estado le reclamó cánones impagos desde 2001, por 296 millones de dólares. En ese año, la empresa entró en concurso de acreedores.
En junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia para que la empresa y acreedores llegaran a un acuerdo. Los representantes del Estado aceptaron el plan de pagos de la empresa: 15 cuotas anuales a pagar desde 2017.
La fiscal Boquin rechazó la propuesta por “abusiva” y porque “implica perjuicio fiscas y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Según cálculos de la Procuración hechos en base a intereses por la deuda impaga en estas casi dos décadas, el Estado dejaría de cobrar unos 70.000 millones de pesos si acepta el plan de pagos a 15 años.