Luego de la investigación de El Diario en Tucumán, que sacó a la luz parte del texto de un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el que el intendente Mariano Campero contrataba por Adjudicación Directa y por un monto de nada menos que $4.500.000 a un señor apellido Valdéz sin consignar CUIT, DNI y demás datos de rigor; explotó el escándalo en todos los medios tucumanos que se hicieron eco de la noticia.
A salir a dar explicaciones
El mismísimo intendente Campero, tuvo que salir a «apagar el fuego» en una entrevista concedida y con muchas concesiones en el programa que emite vía web, el matutino La Gaceta. Aún siendo tratado entre gazas y algodones, Campero trastabillaba tanto en dicha entrevista, que un especialista en técnicas de comunicación gestual, se hubiesen hecho una verdadera fiesta.
A medida de que transcurrían los días, cada uno de los funcionarios que abrió la boca, fue para «embarrar» más el asunto. Primero se intentó guardar silencio pero el tema explotó por los aires y arrastró hacia la desvergüenza a los concejales aliados del Intendente que sin mostrar demasiado conocimiento de causa, defendían burdamente tal contratación.
Campero ya había dado pie a cualquiera para que diga lo que se le viniese a la cabeza al describir esta contratación como un «Programa Social». Luego de pasar un pésimo momento y tener que aguantar ser vapuleados por los concejales opositores, los ediles fieles a Campero dieron muestra acabada de la debilidad institucional que rige los actos de gobierno de esa administración.
Así fue que el señor Juan Valdéz, dejó de ser tal y sin identificación, cuando apareció un verdadero adefesio de Decreto Rectificatorio. «Juan» pasó a ser, «Leonela de los Ángeles Valdéz» y la empresa «Valdéz Construcciones y Diseño», dejó de tener domicilio en Calle Vieja al 600, San José, para trasladarse, como por arte de magia a su nuevo domicilio en Pje Libertad Nº 307, San José, Yerba Buena.
Pero dejemos los miserables papeles y valores en pesos por el momento…
Un pequeño manto de piedad…
Causó mucha pena que la familia Valdéz en pleno se haya visto forzada a participar de una nota en el Diario La Gaceta, en donde intentaron justificar su endeble situación ante estos hechos. Sus declaraciones bienintencionadas los se «entierran» hasta el tuétano en hormigón fresco y complican su participación en el hecho. Intentaron justificar y salvar al intendente Campero y no lo lograron.
La experiencia y el sentido común nos dice que los integrantes de esta «empresa familiar» (como la llama el intendente de Yerba Buena), en realidad son eso, o tal vez menos que eso. Sin embargo su situación legal y fiscal se puede ver muy comprometida en un corto plazo.
Detrás de sus palabras, pueden detectarse dichos que surgen de boca de gente más preparada en estas lides que no dudan en acudir a ellos para hacerlos causa y excusa de sus propios pecados.
- «Mariano (sic) usó la política para darnos trabajo. No a mi familia, sino al barrio. Acá todos son albañiles y estaban desocupados. Se quejaban de que venían constructoras y ponían a su gente, cuando ellos podían hacer esas obras», declaran al diario La Gaceta en su edición del 12 de Mayo.
- “La Municipalidad nos dio la oportunidad de trabajar y de darle trabajo a unas 14 personas. Este barrio era un chiquero. Hoy, tiene pavimento puesto por mano de obra local”
- “Entiendo que el contrato es uno de los últimos pasos. Se hace una vez que han terminado otros procesos internos. Y se demoró debido a una cuestión administrativa”, declara Campero a su vez.
Esto suena a «vayan y digan que…» Con palabras que no miden consecuencias de su contenido, estas personas expresan sin duda que en este caso, se ha aprovechado de la necesidad de trabajo a sabiendas de que se forzaba las regulaciones impuestas por normas estrictas que rigen los procederes en las adjudicaciones y licitaciones.
Esta «empresa» reconoce públicamente que empleó a 14 personas cuando en realidad no estaba habilitada, no solo para contratar con el Estado, sino tampoco para facturar por un monto millonario como lo son los $4.500.000. Tampoco se les debe haber avisado lo que implicaba que recién en el Mes de Mayo (no se sabe el día exácto) esta «empresa», puso en condiciones a su razón social, como «empleador», tal como mostramos en esta recorte.
En el momento en que recibieron la directiva de empezar a trabajar y por ende a contratar personas para el trabajo, fueron empujados hacia la ilegalidad por parte de funcionarios de este municipio. Sin dudas, su recategorización en la AFIP, les significará un costo enorme y muy posiblemente el pago de multas y una inmediata deuda previsional e impositiva con el fisco.
Mientras tanto el intendente Mariano Campero, abogado de profesión, suelta irresponsablemente conceptos como «se trata de una empresa pequeña, una empresa familiar» (¿?). ¿Qué significa jurídicamente tal descripción? ¡Nada! Para el estado ese tipo de empresas, sencillamente ¡No existen! Lo que sí existe, son normativas que rigen a las contrataciones con el Estado y eso es lo que se encargó de violar y hacer violar Campero. Todo esto a tal grado de comprometer el Convenio con el Ente, que en un origen comandaba el ex intendente capitalino, Domingo Amaya.
«¿Entiendo que el contrato es uno de los últimos pasos. Se hace una vez que han terminado otros procesos internos. Y se demoró debido a una cuestión administrativa?” ¿Es esa la explicación que puede «regurgitar» el Intendente de Yerba Buena, siendo abogado? ¿Tan desesperado está como para cometer tantos errores simultáneos?
Si Campero tenía intenciones de «dar trabajo» a la gente del barrio, solo tenía que firmar un convenio o imponer las condiciones en un pliego licitatorio a una verdadera empresa que estuviese en condiciones de efectuar dicha obra. Tan simple como eso, sin embargo, ignoró cada uno de los pasos administrativos y contables propios y del acuerdo firmado con La Nación para recibir los fondos.
Es así que surgen entonces las interrogaciones de rigor. ¿Cómo pudo Mariano Campero lograr «bajar» dicho dinero desde el Ente Nacional, en un esquema en donde se abonaba en la medida de que se demostraba y se supervisaba el avance de las obras?
¿Cómo pudo justificar y facturar al municipio, una empresa que NO ESTABA EN CONDICIONES DE HACERLO, por más que la Secretaria del Área Social perjuraba – vaya a saber con qué criterio técnico- que dicha «empresa familiar» tenía los «papeles en regla».
Este caso está lleno de mentiras, atajos y engaños y en la medida de que más se pretende tapar este verdadero «enchastre» jurídico, normativo, contable y por qué no político; más inmundicia vuelca a su paso… Si a alguien se le debe «perdonar su propia torpeza», es a la familia trabajadora; no a las decenas de asesores y funcionarios intervinientes que gestaron y fueron partícipes necesarios de lo que se perfila como un simple hecho de corrupción.
Los Dos Decretos