En medio de una pandemia histórica, con un Gobierno Nacional intentando pilotear una crisis económica heredada pero potenciada por los efectos de la pandemia que azota al mundo entero y que dejó cientos de miles de desocupados, empresas cerradas, negocios quebrados, profesionales y trabajadores independientes que recién intentan volver al ruedo. Con una ola de inseguridad que pone en jaque a la política toda; resulta increíble y ofensivo que aquellos que ostentan cargos públicos se aboquen a conspirar en los pasillos del poder, pensando en el lejanísimo 2023.
Desde el oficialismo local pareciera que están dispuestos a quebrar la unidad poniéndose a tiro para que la oposición conforme alianzas y elabore estrategias para soñar con acceder al poder de cara al 2023.
La cercanía de las elecciones legislativas nacionales de este año, produjeron que en todo el arco político vire su atención hacia esa meta, dando la espalda a los problemas reales de los tucumanos.
Esto es lo que sucede en Tucumán. Los «soldaditos» de Osvaldo Jaldo y algunos funcionarios de Casa de Gobierno decidieron priorizar sus diferencias internas, antes que al trabajo conjunto en una agenda que tenga como prioridad aquellos temas que desvelan a los tucumanos.
La elección del Defensor del Pueblo en la que salió victorioso el saliente legislador, Eduardo «Lalo» Cobos; pareció la excusa perfecta para que algunos de esos «soldaditos» de ambos lados, decidieran romper un bloque justicialista único en la Legislatura de Tucumán. Ese mismo bloque que costó sudor y lágrimas obtener.
No son pocos los «pejotistas» que parecen olvidar en su ambición, que el 2020 fue un año casi perdido en términos de gestión. Al fin y al cabo, la realidad marca que la mayoría no hizo mérito suficiente (más allá de algún paquete de leyes votadas) en lo prioritario que resulta trabajar en poner de pie a Tucumán. No existe comprovinciano alguno que tenga en su cabeza ni las elecciones legislativas nacionales de este año, ni el lejanísimo 2023.
La oposición, por otra parte, no hace otra cosa que quejarse por todo y carece de una propuesta superadora. Así vemos situaciones absurdas y contradictorias como las que protagonizan autoridades como Mariano Campero en Yerba Buena, que por un lado critica la gestión de la seguridad a nivel provincial, mientras su espantosa Guardia Urbana Municipal (GUM) no logra evitar que desvalijen un local de venta de bicicletas a pocas cuadras de la sede municipal y en plena Avenida Aconquija. ¿Va a continuar Campero, sosteniendo a su secretario de seguridad «Coquito» Argiró, que solo tiene para mostrar como gestión, la farsa, del negocio de vender e instalar bocinas y botones antipánico, que al ser activadas solo producen risa en los delincuentes ya que no hay nadie que acuda a atender esa suerte de «monitoreo ciudadano«?. Las cámaras y el monitoreo -EN VIVO- de las calles de Yerba Buena, constituyen una de las mentiras que Campero anuncia desde su anterior gestión, pero que en definitiva nunca aparecen a la hora de esclarecer hechos de inseguridad.
Tanto Campero como el intendente de Concepción, Roberto Sánchez, se abocaron desde ya a su agenda 2021/2023, abandonando literalmente la gestión. Las calles de Yerba Buena están detonadas, en términos de inseguridad el municipio pareciera «zona liberada«. Sin embargo voces cercanas a su gestión se animan a «blanquear» una expresión que habría salido de la boca del funcionario: «atienda cada uno su área porque a partir de marzo no voy a pisar la municipalidad«.
En su vuelco de lleno hacia la derecha, Mariano Campero y Roberto sánchez, optaron por cerrar un insólito acuerdo con Fuerza Republicana S.A. de Ricardo Bussi, que haría vomitar a Raúl Alfonsín y abandonando sus deberes, se animan a publicitar sus actividades proselitistas en el interior tucumano, sin ponerse colorado.
Otro escandalete, al que ya nos tiene acostumbrados la Fuerza Republicana fundada por el genocida Antonio Domingo Bussi y heredada por su hijo Ricardito, fue la expulsión de dos legisladores de esa fuerza que dieron su voto a la designación de Eduardo Cobos como Defensor del Pueblo. La orden impartida por Ricardito era la de no asistir a la votación, sin embargo los legisladores Ternavasio y Rojas, no solo asistieron, sino que votaron a favor de la designación de Cobos. Esto significó que el «gerente» de Fuerza Republicana S.A. les diera sendas patadas en el trasero y los expulsara sin mediar palabra ni dictamen de algo que se le parezca a un Tribunal de Disciplina partidario.
La designación de Eduardo Cobos, quien presidió la Comisión de Energía de la Legislatura durante cinco años y desde la cual hizo méritos sobrados en la defensa del bolsillo de los tucumanos, no ameritaba que fuese utilizada como el «gatillo» que disparó la interna en el oficialismo y en sectores de la oposición.
La miopía y la constante actitud mesiánica de José Cano y Silvia Elías de Pérez, los tiene sumidos en una burbuja de irrealidad casi infantil. Estos dirigentes que supieron destruir a la UCR local y constituirse en «padres de derrotas electorales«, se oponen literalmente a todo, critican todo y no se les conoce mérito ni logro alguno. Con una cháchara hueca de contenido, vociferan en las redes y en los medios, como si no hubiesen sido parte de la catastrófica gestión de Mauricio Macri.
Distanciados de Campero y Sánchez, creen ser depositarios eternos de una herencia inexistente y de la cual nunca rindieron cuenta ni sobre la cual jamás hicieron un mea culpa ni un balance de su gestión.
Con su eterno rostro de enojo, siempre nervioso, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, parece no recordar que desde inicios del mes de Diciembre de 2019, tiene la Plaza Independencia cerrada por obras. Asimismo se muestra obsesionado con las peatonales en el microcentro mientras las calles y avenidas de la Capital tucumana muestran un deterioro y falta de mantenimiento nunca visto en gestiones anteriores. El descuido de los espacios públicos y la ciudad sucia, es una postal a la que los tucumanos ya se acostumbraron.
Alfaro ha logrado establecer un récord en la falta de funcionamiento del transporte público de pasajeros y los táxis de ese municipio, parecen de una película de catástrofes.
Alfaro sabe que continúa con su fortaleza de ser «la pata peronista» de la oposición, mientras se encarga de promocionar permanentemente, haciendo uso indebido de las pautas oficiales que se pagan con dinero de los impuestos de los vecinos, a su esposa, la diputada nacional Beatríz Ávila cuyo mandato vence el 9 de Diciembre de 2021.
Alfaro se autopercibe como una «figurita difícil» para cualquier proyecto ambicioso que pueda enfrentar al hoy aparentemente dividido oficialismo peronista y no le causa demasiada gracias exponer su figura ni su trayectoria al lado del resbaladizo y siempre impredecible Ricardo Bussi.
En su realidad paralela, con su agenda que solo sabe de ambiciones políticas, aquellos que ostentan el poder en diferentes ámbitos de las instituciones provinciales; tienen sus energías y su mente puestos en posicionarse para solidificar o aumentar su poder y facilitar el acceso a cargos de igual o mayor jerarquía en 2021 y 2023.
Mientras tanto, el gobernador Juan Manzur, trata de poner paños fríos y se recuesta sobre el apoyo -hasta ahora incondicional- que le brinda su amigo y presidente Alberto Fernández. Clava el puntero en su pizarrón, en el que en primer lugar figura todo lo atinente a contener la pandemia, intentar conseguir fondos nacionales para obras públicas y para impulsar el aparato productivo.
Declara a su vez «yo no despido ni echo a nadie«, mientras hace conocer que en su gabinete tiene y mantiene por ahora a funcionarios «del otro palo» que le deben lealtad y se manifiesta abiertamente «amigo» de su vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
En algún momento se dieron situaciones similares en la última gestión de José Alperovich. No sería extraño pensar que en cualquier momento se hace pública una foto de Manzur y Jaldo abrazados, dejando a todo el arco político en offside, sin posibilidades de acceder al VAR.