Tucumán pedirá a la Nación que dé marcha atrás con la quita de pensiones por discapacidad

Ante la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja a pensiones por discapacidad, el director del área, Hugo Jovanovics, se reunió con el Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, a fin de analizar las acciones a llevar adelante para revertir la medida. Participaron también representantes de la Fiscalía de Estado de Tucumán.

Al respecto, Jovanovics expresó: “Se dan de baja desde junio algunas pensiones específicas por distintas causas y nos preocupa porque es un derecho que se vulnera. Por ello, junto al defensor del Pueblo, brindaremos asistencia legal a los afectados para reclamar a los organismos que sean necesarios y así conseguir la restitución”.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario informó: “Primero habrá un reclamo administrativo y si se agotan habrá una vía legal para reclamar la restitución de derecho”.

En tanto, Juri Debo manifestó: “Es un tema preocupante que nos aflige, recibimos doce denuncias seguidas y treinta consultas por lo que decidimos reunirnos con el área de Discapacidad y Fiscalía porque queremos ver en conjunto qué acciones tomar”.

Por otro lado, agregó: “Preparamos una carta dirigida a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para pedir la inmediata suspensión de este decreto que estamos convencidos que es inconstitucional”.

Asimismo, advirtió: “De no tener respuesta positiva, presentaremos un recurso ante la Justicia Federal para que lo declare inconstitucional. La Constitución prevé el derecho de las personas con discapacidad. No estamos en desacuerdo que se controlen los requisitos para recibir la pensión, pero primero deberíamos controlar y luego proceder a cortes, en el caso de que algunas no cumplan con los requisitos“.

Por último, Juri Debo expresó: “Las personas que tengan alguna dificultad pueden recurrir a la sede de la Defensoría, Balcarce 64 o a cualquiera de las diez delegaciones que funcionan en los Concejos Deliberantes del interior”.

El Gobierno Nacional tomó como referencia un decreto de 1997 que establece mayores requisitos para acceder al beneficio y desde este mes, sin previo aviso, comenzó a suspender los pagos a un número importante de pensionados.

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