Presentan un Amparo para frenar el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación (Dr. Marcos Rougès)

El prestigioso abogado, Marcos Rougès, presentó un amparo en la justicia de la vecina provincia de Salta, que busca evitar el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación.
El Diario en Tucumán, mantuvo una conversación con el Dr. Rougès, quien expuso al respecto.

Dr. Marcos Aníbal Rougès

Realmente es para destacar que en un solo día que tuvimos la oportunidad de hacer firmar adhesiones, se lograron 35.000 firmas. Esto muestra la distorsión que existe entre las cifras de algunas encuestas que se muestran en los medios televisivos y el compromiso por la vida que asume la gran mayoría de los tucumanos y en realidad la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país“.

¿Qué acompañamiento y adhesiones tuvo el Amparo presentado?

Trabajamos contrareloj, por tal motivo muchas de las organizaciones tuvieron poco tiempo para adherir formalmente, pero fue masivo el apoyo obtenido” “Hacia el final del Amparo, se enumeran y clasifican las adhesiones de acuerdo a las formalidades que exige tal presentación” Básicamente podemos enumerar las siguientes:

  • ASOCIACIONES QUE FIRMAN EL PRESENTE AMPARO: Por la preeminencia que da el art. 43 de la Constitución Nacional al accionar de “las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley“, se destaca el nombre de las que ya han firmado, acompañando la instrumentación que demuestra en cada caso los caracteres invocados. Destacamos que este Amparo está suscripto por las siguientes Asociaciones, que son algunas de las que firman las dos fojas de adhesiones:
  1. Ayuda Social Femenina; Fundación “Desatando Nudos”; Red Federal de Familias; Fundación Eco Vida; Liga de Madres de Familia Arquidiocesana; Fundación Nutrir; Fundación Lucía; Fundación Padre Pedro Richards del Movimiento Familiar Cristiano de Tucumán”;  Partido Demócrata Cristiano.
  • GESTIÓN PROCESAL POR OTRAS ASOCIACIONES NO FIRMANTES

Conforme al art. 48 C.P.C.C.N., Art. 48. Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los CUARENTA (40) días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido. En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa. El Dr. Marcos Aníbal Rougès invoca Gestión Procesal en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N., por las Asociaciones cuyos nombres se indica seguidamente, y declara bajo juramento que las Asociaciones que se menciona, también manifestaron por diversos medios (email, facebook, whatsapp, etc.) su voluntad de adherirse al presente Amparo, no habiendo podido hasta el momento adherirse, por razones de distancia, acompañándose el mail que refleja la seriedad del pedido, de cuya autenticidad el Dr. Rougès se responsabiliza bajo fe de juramento:

“EPAMM Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores Asoc. Civil”; FUNDACIÓN AGENCIA INTERAMERICANA DEL DERECHO A LA VIDA; COORDINACIÓN DE LA MARCHA POR LA VIDA; CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS; ASOCIACIÓN PROTECTORA AL PARALÍTICO CEREBRAL DE TUCUMÁN (APPACET); MOVIMIENTO “UNIDOS POR LA VIDA Y LA FAMILIA”; Red Federal de Familias -Delegación Chaco-; Fundación “Ciudad Limpia”; Centro de Estudios S.O.S.vida; Fundación Cielos Abiertos; Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz; Cámara de Comerciantes, Empresarios, Profesionales y Ejecutivos; Cristianos del Chaco; Fundación Red para el Mundo; Mujeres al Frente, del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano; Fundación Dr. Saul Andrés Acuña; Partido Demócrata; Colegio de Enfermería del Chaco; Grupo de jóvenes MAS VIDAS; Asociación Crecer con Esperanza; Fundación Desarrollo Humano Integral; Centro de Estudios de Intereses Nacionales CEIN; Partido Nacionalista Constitucional-UNIR; Organización Social Juntos por un Mundo Mejor; Proyecto SI A LA VIDA; Juventud de la Coalición Cívica ARI; Grupo Pro Vida Barranqueras.

  • PERSONAS FÍSICAS FIRMANTES DE LA PRESENTE CAUSA

Al margen de las Asociaciones aludidas precedentemente, muchísimas personas quisieron a título individual participar como parte en la causa, adhiriéndose al presente Amparo y firmándolo de su puño y letra en el día de la víspera, empezando por el propio Letrado Patrocinante Marcos Aníbal Rougès. Ellas firman las dos fojas de adhesiones, cuyos nombres y números de Documento de Identidad en cada caso se expone.

  • GESTIÓN PROCESAL POR PERSONAS FÍSICAS NO FIRMANTES

El Dr. Marcos Aníbal Rougès invoca Gestión Procesal en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N. citado precedentemente, por las personas físicas cuyos nombres y Documentos de Identidad figuran en la documentación que se acompaña, y que solicitaron expresamente su adhesión a la presente causa.

  • PERSONAS FÍSICAS QUE AVALAN ESTA INICIATIVA

Tan solo en Tucumán se salió a recolectar adhesiones. A diferencia de los de los puntos 3) y 4) anteriores, a los interesados no se les informó que se promovería un Juicio, motivo por el cual no se los incorpora como co-actores. Sin embargo, se acompaña las planillas: Aproximadamente TREINTA Y CINCO MIL FIRMAS recolectadas en tan solo un día de labor…

  • UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA

Conforme al art. 54 C.P.C.C.N. UNIFICACION DE LA PERSONERIA Art. 54. – Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez … les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los DIEZ (10) días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso. Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato. Para evitar los enormes inconvenientes que acarrearía hacer firmar cada presentación por todos los intervinientes, se conviene en que se unifique personería en cabeza del Dr. Marcos Aníbal Rougès, y para evitar celos entre los diversos suscriptores, en que la presente causa se caratule así: “ROUGÈS Marcos Aníbal y otros VS. ESTADO NACIONAL S/ AMPARO”.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Debido al contenido argumental y técnico legal del Amparo en cuestión, dese El Diario en Tucumán, creemos que una opinión editorial sobre el mismo, no caería en el error de redundar al respecto, sino de desnaturalizar o reducir a su mínima expresión la cantidad de conceptos de contenido filosófico-legal, jurídico, antecedentes de Amparos similares, ejemplos y todo tipo de elementos de orden intelectual y humanístico del que el Amparo da cuenta por sí solo.

Recomendamos al lector, no perder un solo párrafo de este Amparo, que en sí mismo es una “ponencia” digna de ser leída por nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Creemos que nadie podrá dejar de sucumbir ante tanta VERDAD argumental.

Agradecemos al Dr. Marcos Rougès por la entrevista concedida a nuestro medio y apelamos a un llamamiento a la razón, que debe prevalecer ante la absurda “entelequia argumental asesina“.

El Amparo Contenido Textual

 

PROMOVEMOS ACCIÓN DE AMPARO

Los abajo firmantes, con el patrocinio letrado de Marcos Aníbal Rougès, abogado matriculado en la Justicia Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Libro 93, Folio 71, quien actúa como parte, patrocinando a todos los demás presentados, asumiendo exclusivamente en caso de ser necesario todos los gastos, costas y honorarios, como también renunciando desde ya a cobrar a ninguno de sus patrocinados, y constituyendo domicilio electrónico en el correspondiente al CUIT 20-11910308-9, y físico en calle Facundo De Zuviria 919 de esta Ciudad, a V.S. respetuosamente decimos::

I.- OBJETO

Encontrándose con fecha fijada el tratamiento de un Proyecto de Ley relativo a la despenalización del Aborto, venimos a promover AMPARO COLECTIVO, tendiente a evitar que dicho tema sea objeto de tratamiento, ya que excede las facultades del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo, pues tal tratamiento iría claramente en contra de expresas cláusulas constitucionales, según se desarrollará más abajo. Desde ya fundamos esta demanda en el art. 43 de la Constitución Nacional:

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización…

Mencionamos también la protección del Medio Ambiente, porque resultaría incongruente que se aceptara la legitimación genérica para defender los huevos de -por ejemplo- los Flamencos Rosados, pero no la gestación de los seres humanos.-

Pedimos que se notifique al Estado Nacional en la persona de su Presidente, en el domicilio de calle Balcarce N° 50, citándose asimismo al Congreso de la Nación Argentina en el domicilio de Av. Rivadavia 1864, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer caso como demandado, y en el segundo para que en caso de entenderse pasivamente legitimado, se apersone a estar a Derecho y fije posición procesal -no sustancial, ya que para eso debería efectuarse el tratamiento del Proyecto, que es lo que se intenta evitar- en la presente causa. Asimismo, pedimos se de intervención al Defensor oficial de Menores a los fines de que actúe en la presente causa por sus características.-

II.- ACLARACIONES PRELIMINARES

1) CARENCIA DE FACULTADES. IMPROPONIBILIDAD

El Congreso no podría realizar un “profundo y demorado debate” para ver si trocamos la República por una Monarquía, o si adoptamos el régimen Unitario en lugar del Federal, o si restablecemos la esclavitud, por la sencilla razón de que está vedado a los organismos infraconstitucionales debatir tales cuestiones sin una previa o concomitante modificación de la Constitución Nacional, la cual obviamente solamente puede ser efectuada por una Convención Constituyente, y no por una Legislatura que no ha sido votada para ello. No tendría sentido hacer una “encendida defensa” de las ventajas de la Monarquía, del régimen Unitario o de la Esclavitud, ya que AÚN de aceptar la totalidad de los legisladores -una hipótesis extrema en la que solamente nos ponemos por razones dialécticas- las reales o supuestas ventajas de tales modificaciones, ni siquiera la unanimidad de ellos podría dictar una Ley en tal sentido sin una clarísima violación a la Constitución Nacional. Y más aún, aún cuando no es el caso, aclaramos también que inclusive una modificación de la Constitución podría resultar Inconvencional, si violara principios consagrados en Convenciones Internacionales.-

V.S. sabe que en materia judicial, para situaciones similares a los ejemplos precedentes, la Doctrina Procesal ha estudiado el tema de la “Improponibilidad Objetiva de la Pretensión”, con fundamentos que resultan aplicables no solamente a demandas judiciales improponibles, sino también a Proyectos de Ley improponibles. Dice así la Doctrina:

Hay supuestos en que, en forma manifiesta, se advierte desde un principio que la pretensión carece de tutela jurídica, ya porque lo que se pide es inmoral o se encuentra prohibido por las leyes o porque la causa invocada como fundamento de la petición es ilícita o inmoral. En estos casos no puede pretender un proceso quien desde el comienzo pone de manifiesto que pide amparo jurisdiccional para algo que la ley desautoriza.(ARAZI, Roland, Publicado en: LA LEY, 1994-B, págs. 1.152 y sstes.)

El rechazo in límine de la demanda (rectius pretensión) es un género que abarca diversas especies … En todas las citadas variantes concurren circunstancias que impiden que la tramitación de la causa se complete con el dictado de la sentencia de fondo, y en algunas de ellas se emite un juicio por mérito con anterioridad a lo que es habitual y corriente

La posibilidad de desestimar ab inicio una demanda no viola el derecho de acción ni representa una vituperable valla al acceso a la justicia. Es que el derecho de acción se abastece adecuadamente con la mera promoción de un proceso que se formaliza como consecuencia de la presentación de la demanda. Empero si ésta es, vgr., objetivamente improponible, el demandante no tiene derecho a que, fatalmente, se sustancie todo un proceso que, desembocará en el rechazo de la demanda respectiva. (PEYRANO, JORGE W, “Rechazo “in limine” de la demanda”, en JA. 1994-I-, pág. 823 vta./833). Ver también “Improponibilidad objetiva de la demanda” por Augusto M. MORELLO y Roberto O. BERIZONCE, en JA. 1981-III, P. 788/793)

Aclaramos que si bien todos los firmantes somos profundamente contrarios al aborto, el presente Amparo no se funda solo en nuestras convicciones al respecto, ni en cuestiones religiosas -hay firmantes de diversas confesiones, y también ateos- sino también en el irrestricto respeto a la Vida Humana (base del Estado) y a la Constitución Nacional (base del Estado de Derecho), y los argumentos dados podrían perfectamente ser refrendados inclusive por un abortista, ya que la presente Acción no se fundará solo en la defensa de la postura pro-vida y anti-aborto, sino también en la carencia de facultades de la Legislatura que ha sido convocada para el tratamiento.-

Puesto que aún no ha sido tratado el Proyecto, veremos que ahora, y no si se sanciona una Ley, es el momento de actuar.-

2) POR QUÉ EL AMPARO CONTRA UN PROYECTO

  1. a) Fundamento moral

Siempre pensamos que la moral es el fundamento último del Derecho. Dejando de lado los argumentos jurídicos que se verterá seguidamente, aclaramos que el Amparo se promueve ahora por la sencilla razón de que de entenderse que se deba esperar a que se sancionase una Ley para poder recién plantear un Amparo contra la misma, en el ínterin que durara ese proceso habrían muerto quizá varias decenas de miles de bebés, Ante esta consideración, cederían todas las demás jurídicas. Pero además, entendemos que en el caso concreto ya está configurada la amenaza constitucional, según se desarrollará seguidamente.-

A cualquier consideración de índole doctrinaria, cabe oponer consideraciones de índole constitucional. Debe recordarse que en el caso la demora que pueda existir entre el tiempo en que se sancionara, promulgara y publicara la Ley y que se hiciera lugar el Amparo por su Inconstitucionalidad, implicaría quizá la muerte de varias decenas de miles de bebés en gestación, lo que amerita el tratamiento del presente como un Amparo Preventivo.-

En los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, el haberse fijado fecha de tratamiento al Proyecto implica un acto de autoridades públicas, y la mera presentación del Proyecto un acto de particulares, que en forma actual o inminente lesionan, restringen y alteran el derecho de determinados Ciudadanos a que el tema de su vida no se trate (de lo que se hablará seguidamente), y además amenazan, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, en caso de dictarse alguna Ley, su Vida, que constituyen Derechos y Garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.-

En otras palabras: La presentación del Proyecto, ya es un acto de particulares. Su estado parlamentario, ya es un acto de la Autoridad Pública. Y estos a la vez implican desde ya, actual y no potencialmente (con solo tratar el tema como si fuera un “problema a dilucidar”) desconocer que el Derecho a la Vida de las personas en gestación es idéntico al de las ya gestadas y nacidas. Por último, el tratamiento parlamentario conlleva desde ya la amenaza de que sea aprobado el Proyecto, con la clarísima amenaza a la Vida Humana de estos mínimos ciudadanos argentinos que tal Ley representaría. El brillante Dictamen del Procurador Fiscal de la Nación en el caso “Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo”, causa P. 709. XXXVI, CSJN, 5 de marzo de 2002, Fallos 325, págs. 292 y sstes., dice

“…aunque la decisión del a quo, formalmente no impediría iniciar una acción ordinaria para dilucidar las cuestiones discutidas, a fin de evitar la frustración de una garantía constitucional, por la posibilidad cierta de afectación del derecho esencial a la vida que podría ocasionar el fallo recurrido hasta tanto aquélla se resuelva, se impone flexibilizar el cumplimiento del aludido requisito. Máxime, cuando sería aplicable la doctrina de V.E. en materia de gravedad institucional. En efecto, tal como tuve oportunidad de señalar in re: T.421.XXXVI. “T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, con cita de Fallos: 257:132; 260:114; 295:376 y 879; 298:732; 300:1102, entre otros: “…el Tribunal ha reconocido que, en su función de intérprete y salvaguardia último de las disposiciones de la Constitución Nacional, de -6- cuya efectividad y vigencia depende una adecuada convivencia social, es pertinente en ocasiones de gravedad obviar ápices formales que obstarían al ejercicio de tal elevada función” (conf. dictamen del 8 de enero de 2001).

  1. b) Derecho constitucional a que el tema no se trate

Destacamos que el mero tratamiento de determinados derechos constitucionales improponibles, implica desconocer su jerarquía constitucional y convertirlos en algo sujeto a decisión parlamentaria. Así, por ejemplo, si se decidiera que la Legislatura efectuase un “profundo y demorado debate”, o un “concienzudo estudio” sobre las condiciones para descuartizar a algunas personas, los Hutus, los Tutsis, los Mapuches o los Blancos. Eso sería claramente improponible.-

Por eso destacamos que el Derecho Constitucional a que ni siquiera se trate el tema, es distinto del derecho a que el Proyecto sea rechazado, derecho que también asiste a los no natos. Pero antes, aún rechazado un Proyecto de eliminación física de los Hutus, los Tutsis, los Mapuches o los Blancos, se habría instalado la posibilidad de tratamiento del tema.       Imaginemos por ejemplo una Convocatoria de los Hutus para tratar el “largamente demorado” proyecto para tratar la situación de los Tutsis, o de los Alemanes para tratar el “solución final” al tema de los Judíos…

No podría argumentarse con que el proyecto puede ser rechazado, ya que el solo tratamiento constituye una violación constitucional, al presuponer que los Tutsis, los Judíos o los niños no nacidos, no tienen los mismos derechos, y convertir su eventual eliminación física en algo debatible a algo que está fuera de los límites decisorios de los Legisladores.-

  1. c) Amenaza real y manifiesta, y no meras conjeturas

Sabemos que en general, es quizá inusual plantear Amparos contra un Proyecto, cuando la Ley no ha sido aún dictada. Sin embargo, existen numerosas excepciones, y así podemos citar los casos CNFed. CA, Sala I, 14/X/04, AMPL c/ Senado de la Nación- Expte 3440/01 s/ amparo ley 16.986; 8/VI/04, Binotti, Julio César c/ EN-Honorable Senado de la Nación (mensaje 1412/02) s/ amparo ley 16.986; 23/XII/96, Asociación Mutual del Personal Legislativo c/ Honorable Senado de la Nación s/ amparo ley 16.986; Sala IV, 12/VI/08, Patti Luis Abelardo c/EN -H. Congreso- Cámara de Diputados s/amparo ley 16.986; Sala III, 28/XII/07, Rodríguez, Marcela y otros c/ E.N. -PLNCámara de Diputados y otros s/ amparo ley 16.986; 18/IV/05, Stutz, Oscar c/ EN -PJN- Cámara de Diputados- Resol. 1077/03 s/Amparo Ley 16.986; Sala II, 27/X/05, Pedemonte, Carlos Roberto c/ H. Cámara de Diputados de la Nación resol. 461/04 s/ amparo ley 16.986.-

La acción tiende a enervar que siquiera se trate un Proyecto de Ley que según se verá, implicará en la práctica facultar el aborto hasta el noveno mes de gestación, en contra de abundantes Tratados Internacionales y Declaraciones Nacionales que tienen jerarquía Constitucional que serán seguidamente analizados.-

La presente acción de amparo entonces encuadra dentro de las características del denominado “amparo preventivo”, que procede ante una lesión de derechos inminente, o contra amenazas de lesión, en los términos del artículo 43 de la CN y art. 1º de la ley Nº 16.986, destacándose que la Jurisprudencia acepta el Amparo en forma preventiva, y ello aún cuando el Acto Lesivo sea una Ley. Y “a fortiori” un Proyecto. Por supuesto, si durante la tramitación de la causa el Proyecto se convirtiese en Ley -hipótesis que no queremos siquiera imaginar- el presente Amparo debería convertirse en un Amparo Correctivo, declarándose la Inconstitucionalidad de dicha norma por las razones que se expondrá más abajo.-

En este sentido, procede el amparo cuando hubiera contra un derecho “una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo o inminente” (CSJN, Fallos 244:68, voto Dr. Boffi Boggero); o ante la inminencia de un daño, cuando dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior (CSJN, Fallos 306:506); que lo que el amparo procura es prevenir toda lesión cuando ello resulta de indudable cometido (Asociación Argentina de Agencias de viaje y Turismo c/Municipalidad de la Capital, CNCiv, Sala F, 1/6/76, LL 1976-C-315); etc..-

Para terminar, extrememos la imaginación y supongamos algún Proyecto de Ley que analizara la posibilidad de descuartizar a todos los jueces… ¿Algún Juez diría en tal hipótesis que no existe la amenaza hasta tanto la Ley haya sido publicada?

  1. d) No se trataría de una intromisión en Poderes ajenos

Refutamos desde ya la objeción formal de que como aún no existe una Ley, una Sentencia estimatoria del presente Amparo podría implicar la intromisión de un Poder en las facultades de otro. No existiría intromisión de un Poder en las potestades de otro, desde que si -por hipótesis- el Proyecto fuera Inconstitucional, no estaría entre las potestades de la Legislatura dictar leyes inconstitucionales. Y por otra parte, si los Jueces pueden declarar la Inconstitucionalidad de una Ley que haya sido dictada -por hipótesis- aún por la unanimidad de la Legislatura, sancionada y promulgada, “a fortiori” pueden analizar la Inconstitucionalidad de un Proyecto aún no sancionado, que tiene menor jerarquía.-

Imaginemos, en los ejemplos precedentes, que existiera consenso en la Legislatura acerca de instaurar un Régimen Monárquico, o un Sistema Unitario de Gobierno, o en restablecer la Esclavitud, o el tratamiento por los Hutus de la situación de los Tutsis, o de los Alemanes de la situación de los judíos… ¿Debería en tales supuestos esperarse a la sanción de la Ley para recién poder plantear su Inconstitucionalidad? ¿Y si fuera la Ley del descuartizamiento de los jueces? ¿Habría que esperar a que se sancionara y promulgara la Ley? ¿O quizá al primer descuartizamiento?

En general, demostraremos entonces que los bebés no natos tienen el derecho a que su vida o no, no sea siquiera sometida a debate legislativo, tal como cualquiera podría interponer Amparo contra una Convocatoria a la Legislatura para que decida si es lícito descuartizar a alguien ya nacido y mayor de edad.-

La relativamente escasa jurisprudencia contraria relativa a los Amparos contra Proyectos de Ley, se funda en un fallo de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a las Acciones Declarativas de Inconstitucionalidad, que dice que

“…de conformidad con los precedentes de esta Corte la acción declarativa de inconstitucionalidad debe responder a un “caso”, ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. En efecto, la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos: 307:1379; 310:606); relaciones respecto de las cuales se debe haber producido la totalidad de los hechos concernientes a su configuración (Fallos: 311:421, considerando 3°).” (C.S.J.N. “Municipalidad de la Ciudad de San Luis c/ San Luis, Provincia de y Estado Nacional s/ acción de amparo” fallo del 09/08/2001).

Sin embargo, esta jurisprudencia fue dictada, reiteramos, en el marco de una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad de Leyes. Si no hay una Ley, por definición no puede ser Inconstitucional, y por ende su declaración implicaba pedir al Tribunal una Declaración abstracta. Muy diferente es el caso al de los Amparos contra Amenazas previsto en el art. 43 de la Constitución Nacional.-

  1. e) Carácter verosímilmente delictual de lo pretendido

 Si partimos en abstracto de la posibilidad -que se desarrollará en páginas siguientes- de que esté intentando violarse prohibiciones expresas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales a los que la República Argentina está adherida, deberíamos llegar necesariamente a la conclusión de que lo que se está gestando asumiría características delictuales, y ello ameritaría el tratamiento del tema, ya que es obligación de los Jueces intentar evitar que los delitos se consumen. En efecto, dice el art. 210 bis del Código Penal:

ARTICULO 210 bis. – Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:

  1. a) Estar integrada por diez o más individuos;
  2. b) Poseer una organización militar o de tipo militar;
  3. c) Tener estructura celular;
  4. d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;
  5. e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;
  6. f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad;
  7. g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;
  8. h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

O sea que, de conformidad al Código Penal vigente, si se llegase a la conclusión de que el derecho a la Vida desde la Concepción está garantizado en la Constitución, la continuación del tratamiento de la causa podría implicar avalar un delito.-

Es que en tal lectura, el mero tratamiento del Proyecto implicaría cooperar o ayudar a la formación o al mantenimiento de una asociación que contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, y encima estaría formada por diez o más individuos, operase en todas las jurisdicciones políticas del país, tuviere notorias conexiones con grupos abortistas del exterior y recibiera algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos…

La aplicación “mutatis mutandi” de esa jurisprudencia en materia de Amparos resulta claramente errónea, ya que la Constitución autoriza Amparos contra Amenazas, sin que pueda entonces alegarse -y menos en el caso concreto y sus particularidades- que la amenaza aún no ha sido concretada.-

III.- HECHOS

1) HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE UN PROYECTO

Como es de público y notorio conocimiento, el Gobierno ha dado “vía libre” al tratamiento de un Proyecto de Ley de Legalización del Aborto. Es la noticia más leída, comentada y que mayor número de opiniones ha recibido en la última semana.-

De entre tantas noticias similares, citaremos la aparecida en el diario “El Cronista” del día 23 de Febrero del corriente, fecha que tomamos como comienzo de los plazos previstos en la Ley de Amparos:

Viernes  23 de Febrero de 2018

El Gobierno habilita el tratamiento de la legalización del aborto en el Congreso

En la primera reunión de coordinación de la agenda parlamentaria de 2018 el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que el Ejecutivo “no obstaculizará la discusión”.  Diputadas opositoras ratificaron que pedirán una sesión especial el 8 de marzo.

El Gobierno habilita el tratamiento de la legalización del aborto en el Congreso

El presidente Mauricio Macri decidió dar vía libre a sus legisladores para el tratamiento del proyecto para la legalización del aborto, que podría discutirse este año en el Congreso Nacional.

La decisión fue revelada ayer durante la primera reunión de coordinación de la agenda parlamentaria para 2018, que estuvo encabezada por el el jefe de Gabinete Marcos Peña y los principales representantes del oficialismo de ambas cámaras.

Si bien Macri se expresó en varias oportunidades en contra de la iniciativa, dejará que cada uno de sus legisladores vote según sus ideas personales

Un debate transversal

El analista político Rosendo Fraga consideró que la decisión de Macri demuestra que “va a haber kirchneristas de un lado, kircheristas del otro; gente de Cambiemos de un lado, gente de Cambiemos de otro; peronistas de un lado, peronistas de otro”.

Para Rosendo Fraga, el Gobierno busca aprovechar el enfrentamiento con Moyano para recuperar la iniciativaFraga: “Más que audacia, es una decisión realista de Macri”

Consideró que “más que audacia es una decisión realista de Macri”, al sostener que “esta discusión iba a avanzar y sabía que en su propia fuerza había divisiones”.

“Antes que se le precipiten decisiones personales del PRO antes que el Presidente hablara Macri aplicó el realismo. Antes que se precipite la división la autorizo, le abro el juego”, explicó.

Pronosticó que “Diputados va a tener una posición más proclive a legalizar el aborto y Senado menos. Esto ya pasó en 1902-1903 el proyecto en Diputados quedó empatado y por un Diputado no se aprobó. En 1936 se percibía que el Senado lo iba a rechazar”.

2) BREVE ANÁLISIS DEL PROYECTO

Ahora bien, el Proyecto establece lo siguiente, según puede leerse en la página web http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/ el 30 de junio de 2016 se presentó (por sexta vez consecutiva) en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su Nº de expediente es el: 4161-D-2016 y fue publicado por Trámite Parlamentario Nº 84 al día siguiente, y dice así:

PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Artículo 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

Está claro que los bebés no natos, o nasciturus (no hay que caer en la deshumanización de llamarlos “embriones”, “óvulos fecundados”, “fetos” o términos similares, que pretenden esconder su verdadera naturaleza humana) de menos de catorce semanas (tres meses y medio), quedarían “ipso iure” privados de todo derecho a la vida desde la concepción.-

Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.

Está claro que pretende el Proyecto que el costo del aborto sea asumido por toda la comunidad, inclusive por los no abortistas.-

Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

Aquí empezamos a ver que lo de las catorce semanas es un vulgar señuelo, porque las excepciones son más numerosas que la regla, y en artículos finales llega a abarcar la totalidad de los abortos.-

  1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.

O sea que sin siquiera haber efectuado una denuncia de violación, cualquier mujer embarazada podrá abortar en cualquier etapa de la gestación (hasta los nueve meses inclusive) con solamente afirmar que el hijo fue producto de una violación.-

  1. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.

La amplitud de la excepción (“salud física, psíquica o social”) permite en realidad el aborto en cualquier momento. ¿Qué es la “salud social”, por ejemplo?. Cualquier mujer embarazada podrá abortar en cualquier etapa de la gestación (hasta los nueve meses inclusive) con solamente afirmar que el bebé en gestación afecta su “salud psíquica y social”.-

  1. Si existieren malformaciones fetales graves.

La indeterminación del concepto permite en realidad el aborto en cualquier momento. ¿Qué es una “malformación fetal grave”? ¿Quién lo decide? ¿La propia interesada?. En Estados Unidos se considera tal a la espina bífida, un mal que acarrean millones de argentinos sin siquiera enterarse. Cualquier mujer embarazada podrá abortar en cualquier etapa de la gestación (hasta los nueve meses inclusive) con solamente afirmar que el bebé tiene espina bífida.-

Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.

Obviamente esto no es ninguna prevención. Una mujer que fue a abortar, no tendrá problema en firmar eso. Y la mención al “consentimiento informado” de la madre, da a entender que el aborto podrá ser en el futuro sugerido por el médico, y no por la propia madre. En efecto, dice la Ley 26.529 de Saludo Pública que

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a

  1. a) Su estado de salud;
  2. b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
  3. c) Los beneficios esperados del procedimiento;
  4. d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
  5. e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
  6. f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

En estos incisos, queda claro que no solamente la madre sino también los médicos pueden proponer el aborto… Y sigue el Proyecto:

Artículo 5º: El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo prevista en los arts. 1 y 3 en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

Esto es que se dará al Estado la facultad de controlar que todos los agentes de salud sean “buenos abortistas”.-

Artículo 6°: En todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del art. 40 de la ley 17.132, art. 21 de la ley 26.529 y concordantes.

Esto significa que los organismos asistenciales podrán despedir a cualquier médico que se niegue a practicar abortos.-

Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.

Esto significa que todo lo anterior es pura cháchara, porque no habrá quién controle el cumplimiento de los mínimos requisitos establecidos en los artículos precedentes.-

Artículo 8°: Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

La persona mayor de 16 años, conforme a lo establecido en el artículo 26 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley.

Esto significa que a partir de los 13 años una joven que no es considerada capaz para comprar o vender, se presuma capaz para decidir un aborto sin avisar siquiera a su familia.-

Si la IVE debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 del Código Civil.

Esto significa que una niña que conforme al Código Civil carece de discernimiento, puede abortar con el consentimiento del más “compinche” de sus padres y sin permitir dar su opinión al otro, siendo que ambos son abuelos de la víctima.-

En todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído.

Insólitamente se cita la Convención de los Derechos del Niño para un proyecto que claramente implica violar el interés superior del niño por nacer, y su derecho a ser oído. Ya veremos más abajo que uno de los fundamentos de esta acción es precisamente dicha Convención.-

Claramente eso tiende a permitir el aborto aún en caso de oposición de ambos padres, alegando su “interés superior“.

Artículo 9°: Si se tratare de una persona con capacidad restringida y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el art. 32 Código Civil y Comercial de la Nación.

Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación.

Esto significa que en el caso de los incapaces, no serán ellos sino “alguien” -que no se dice quién es- el que tomará la decisión, y ellos solamente prestarán su “consentimiento informado”.-

Artículo 10°: Quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género n° 26.743.

Por supuesto, aún no existen travestidos ni transexuales con capacidad de gestar. Pero desde ya se va previendo la posibilidad

Artículo 11°: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación.

Artículo 12°: Deróguense los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación.

Un momento… ¿Y esta derogación general?  ¿Qué sentido tienen todas las pocas limitaciones al aborto que surgen del Proyecto, si aún incumpliéndose todas ellas deja de ser delito?

En suma, con esta Ley el aborto está permitido irrestrictamente hasta los nueve meses en forma subrepticia, y según se analizó, todas las supuestas “limitaciones” son simples señuelos tendientes a hacer creer que existe alguna, pese a carecer de sanción su violación. Por ello, luego de este breve análisis, veremos que todo este sistema viola artículos expresos de la Constitución Nacional.-

III.- DERECHO

1) COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en la presente acción de amparo, en virtud de que en virtud de nuestro Sistema Representativo, Republicano y Federal, el tratamiento que se hace de este tema por la Legislatura, no atañe a ningún territorio en particular, sino a toda la Nación, y al mismo tiempo. Las leyes entrarán en vigencia al mismo tiempo en todo el país.-

2) LEGITIMACIÓN ACTIVA

Sería una hipocresía sostener que solamente los no natos pueden reclamar ese derecho. Igualmente sería otra hipocresía sostener que solamente los padres de los no natos -que por hipótesis son quienes desean abortarlos- puedan reclamarlos.-

Como dijimos, estamos legitimados en virtud de lo normado por el artículo 43 de la Constitución Nacional:

“…Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley…”.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que

“En efecto, en materia de legitimación activa la jurisprudencia argentina ya sostenía antes de la reforma constitucional de 1994 que “en el campo de los ‘intereses difusos’ es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto” (CNCivil, Sala K, “Cartañá, Antonio y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, fallo del 28/2/91).

“Será menester dejar de lado -destacó un señero fallo de este Tribunal votado por el distinguido colega de Sala, doctor Schiffrin- el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una ‘tendencia nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva’, donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perjudicados” (CFed. La Plata, Sala III, “Giménez Domingo y otra c/ Estado Nacional, Ejército Argentino”, fallo del 8/8/88).

Entonces, para demostrar la Legitimación Activa de los suscriptos, debemos recurrir a la interpretación constitucional de la Acción de Amparo efectuada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso “Halabi” (C.S.N., Fallos 332, págs. 111 y sstes.). Como es sabido, en dicha causa un letrado promovió Acción de Amparo con el fin de que se declare la Inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en cuanto a su juicio violaban los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, al autorizar la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet. No interesa aquí detallar las particularidades de dicha causa, sino lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la vía del Amparo intentada, en especial en los puntos 17), 19) y 21) del fallo Halabi antes mencionado, en lo referente a la Legitimación Activa:

17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos. Al respecto, en lo que aquí interesa, resulta ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de las directivas del Bill of peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial, se ha delineado la institución de las class actions cuya definición conceptual quedó plasmada en las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 y que ha experimentado una evolución posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener contornos más precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla 23 (Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable, 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.

En el contexto de la citada disposición es posible distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para los supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones mediante procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales, que impongan comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes, o que sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses. El segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que involucre a todo el conjunto. El tipo restante se presenta cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera tal que la acción del colectivo es siempre superior a la acción individual.

19) Que en lo referente al derecho argentino, esta Corte ha advertido en otras ocasiones que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. Es oportuno recordar, en ese sentido que, al interpretar el ya tantas veces mencionado art. 43 de la Constitución Nacional, el Tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como -en esa ocasión- el hábeas corpus colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146, considerandos 15 y 16). Por lo tanto, frente a una situación como la planteada en el sub examine, dada la naturaleza de los derechos en juego, la calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que, además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos a la existente en el derecho norteamericano (confr. fallo referido, considerando 17 y sus citas).

21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. En razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugnación articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo que se lleva dicho, que el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda, por parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo derivado de la arraigada concepción individualista en materia de legitimación. El verdadero sustento de la proyección superadora de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar jurídico, como se ha expresado, reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional y, lejos de ser una construcción novedosa, aparece como una institución ya arraigada en el ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y consumidores y en lo atinente a daño ambiental, prevén expresamente soluciones de la índole referida…”

No se diga que los bebés amenazados de ser abortados no han nacido y nosotros sí, ya que ello implicaría dar por sentado lo que aquí se discute: Que no existe ninguna diferencia entre los derechos constitucionales de los no natos y los nacidos.-

Asimismo, existe un argumento “a fortiori”. Es sabido que en materia de protección del Medio Ambiente, la legitimación activa es amplísima. La Ley General del Ambiente N° 25.675, establece como regla que  “…el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie…” (Art. 32, Ley 25.675). Así, se ha dicho sobre esta norma:

Desde el año 1994 con la incorporación en la Constitución Nacional de los derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva se establece, lisa y llanamente, que “en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente” podrán interponer acción de amparo “el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización” (art. 43 C.N.).

Por otro lado, la reciente ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, concordantemente con el texto constitucional, otorga legitimación a este tipo de asociaciones no gubernamentales para obtener la recomposición del ambiente (art. 30)

Así, la Ley General del Ambiente N° 25675, establece como regla que “…el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie…” (Art. 32, Ley 25675). Para que opere esta efectiva y concreta protección a través de la tutela judicial, no es necesario la existencia de norma específica al respecto para dar lugar a la legitimación en defensa del medioambiente (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II, 8 de julio de 2003, “Asociación de Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica ´18 de Octubre´ c. Aguas Argentinas SA, ETTOS, Pcia de Buenos Aires y Municipalidad de Quilmes”).

Pues bien, si la legitimación activa es amplísima para proteger a la Fauna y la Flora no humanas, obviamente también debe serlo para proteger a la “fauna” humana amenazada en forma inminente por el Proyecto de Ley precedentemente analizado. No podrían los bebés humanos por nacer estar menos protegidos que los bebés de caimanes, pumas, quirquinchos, guanacos y tantas otras especies menos trascendentales.-

3) EL ACTO LESIVO

Como anticipamos, el solo hecho de que se debata un proyecto de Ley de Aborto en el Congreso es a nuestro juicio una aberración desde el punto de vista constitucional. El derecho a la vida desde la concepción surge de la Constitución Argentina conforme claros textos constitucionales que menciono seguidamente, y de abundantes normas vigentes, por lo que el Proyecto que se pretende debatir no puede ser jamás sancionado sin una previa Convención Constituyente.-

En efecto, Argentina en su adhesión a la Convención de Derechos del Niño fue más categórica que el resto de los países, y por eso en su adhesión declara expresamente que los derechos de los niños comienzan con la concepción. Eso aclara por qué otros países pueden tener legislaciones más permisivas que la nuestra. En Argentina no, porque su declaración se incorpora a la Constitución. El alcance en Argentina de la Convención aludida es el que surge de su adhesión (“condiciones de su vigencia), y tiene jerarquía constitucional por el art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional. El mismo dice en lo pertinente que

“22) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional…”

Hemos remarcado en negrita  en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Sobre los Derechos del Niño, porque en estos dos casos en particular se hace referencia expresa al derecho a la vida desde la concepción, tal como será analizado seguidamente. Y el inciso siguiente ratifica el concepto:

23) Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, DESDE EL EMBARAZO hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

No puede de buena fe discutirse cuándo una mujer queda embarazada. Es obvio que eso ocurre en el momento de la concepción. En cientos de ocasiones hemos visto películas, chistes de buen y mal gusto, etc., en donde la mujer, con un “EVA TEST” en la mano, dice “Querido, estoy embarazada”…

  1. a) Categórica jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación

Destacamos en primer lugar que sobre estos temas, y en un todo en concordancia con lo expuesto precedentemente, ya se ha expedido la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo,” , causa P. 709. XXXVI, CSJN, 5 de marzo de 2002, Fallos 325, págs. 292 y sstes. Dice allí nuestro Superior Tribunal:

10) Que el último de los efectos señalados (evitar el anidamiento) ante el carácter plausible de la opinión científica según la cual la vida comienza con la fecundación constituye una amenaza efectiva e inminente al bien jurídico primordial de la vida que no es susceptible de reparación ulterior. En efecto, todo método que impida el anidamiento debería ser considerado como abortivo. Se configura así una situación que revela la imprescindible necesidad de ejercer la vía excepcional del amparo para la salvaguarda del derecho fundamental en juego (Fallos: 280:238; 303:422; 306:1253, entre otros).

Esto es categórico, Lo que dice el fallo es que el medicamento analizado impide el anidamiento, y por ende es abortivo. Y que ello amerita el Amparo, porque atenta contra el Derecho Constitucional a la Vida.-

ES DECIR QUE EL FALLO RECONOCE: A) QUE AÚN ANTES DEL ANIDAMIENTO, EXISTE VIDA HUMANA DESDE LA CONCEPCIÓN, Y B) QUE ESA VIDA HUMANA YA CONCEBIDA, GOZA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Y continúa diciendo:

11) Que esta solución condice con el principio pro homine que informa todo el derecho de los derechos humanos. En tal sentido cabe recordar que las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales (conf. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y 2° de la ley 23.054), dispuso: “Los Estados…asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” (O.C. – 2/82, 24 de septiembre de 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145).

12) Que ESTA CORTE HA DECLARADO QUE EL DERECHO A LA VIDA ES EL PRIMER DERECHO NATURAL DE LA PERSONA HUMANA PREEXISTENTE A TODA LEGISLACIÓN POSITIVA QUE RESULTA GARANTIZADO POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL (Fallos: 302:1284; 310:112; 323: 1339). En la causa “T., S.”, antes citada ESTE TRIBUNAL HA REAFIRMADO EL PLENO DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN (VOTO DE LA MAYORÍA, CONSIDERANDOS 11 Y 12 Y DISIDENCIA DE LOS JUECES NAZARENO Y BOGGIANO). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

13) Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), este Tribunal ha reafirmado el derecho a la vida (Fallos: 323:3229 y causa “T., S.”, ya citada).

14) Que LOS ALUDIDOS PACTOS INTERNACIONALES CONTIENEN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS QUE RESGUARDAN LA VIDA DE LA PERSONA HUMANA DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN. En efecto el art. 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, EN GENERAL, A PARTIR DEL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN”. Además todo ser humano a partir de la concepción es considerado niño y tiene el derecho intrínseco a la vida (arts. 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 de la ley 23.849 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). El Código Civil, inclusive, en una interpretación armoniosa con aquellas normas superiores, prevé en su art. 70, en concordancia con el art. 63 que “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido”.

15) Que cabe señalar que la Convención Americana (arts. 1.1 y 2) impone el deber para los estados partes de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que es “deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (O.C. 11/90, parágrafo 23). Asimismo, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130)

Que el fallo en cuestión no haya sido publicado en los anales oficiales o haya sido “traspapelado” por motivos que desconocemos pero sospechamos, no quita nada de la contundencia del pronunciamiento de la Corte Suprema. Queda entonces claro que la postura de esta parte en cuanto a que el derecho a la vida de los bebés en gestación, goza de jerarquía constitucional, y ello ha sido reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Analicemos un poco más los textos constitucionales citados por la Corte Suprema:

  1. b) La Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Dice el art. 4.1 de dicha Convención (Pacto de San José de Costa Rica) que

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, EN GENERAL, A PARTIR DEL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Ya hemos analizado que en el Proyecto, en ningún caso estaría protegido el derecho de los bebés en gestación desde su concepción, y en la práctica se le podría quitar arbitrariamente su vida en cualquier momento hasta los nueve meses, sin que jamás fuera delito.-

  1. c) La Convención Sobre Los Derechos Del Niño

Las “condiciones de su vigencia” en Argentina, que están protegidas en la Constitución, incluyen el reconocimiento de los derechos del niño (entre ellos a la vida) desde la concepción. La adhesión Argentina a dicha Convención dice literalmente así:

Entre los derechos enumerados en la Convención figura en el Art. 6.1. el siguiente:

Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el DERECHO INTRÍNSECO A LA VIDA

No se diga que no figura en la Convención desde cuándo los niños son considerados tales, ya que las condiciones de su vigencia en Argentina, que según vimos gozan de jerarquía constitucional, surgen de la Adhesión de nuestro país a la misma, que dice expresamente así:

“Con relación al Artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción…”

Así que el silogismo del que surge la garantía constitucional de los derechos de los bebés no natos desde su concepción, es muy claro:

* Los derechos individuales emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los derechos individuales emergentes de la Convención de los Derechos del Niño, tienen garantía constitucional en las condiciones de su vigencia.-

* Con relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expresamente declara en el Artículo 4.1 que sus derechos rigen desde el momento de la concepción.-

* Con relación a la Convención de los Derechos del Niño, Las condiciones de vigencia en Argentina incluyen considerar a los niños como tales desde el momento de la concepción.-

* Luego, los niños gozan de las garantías de las Convenciones citadas, desde el momento de la concepción.-

* Entre esos derechos está expresamente reconocido el derecho intrínseco a la vida.-

* En conclusión en Argentina el derecho intrínseco a la Vida desde la concepción goza de garantía constitucional.-

* Siendo así, no pueden ser objeto de ningún debate, serio o no serio, profundo o no profundo, por un organismo que no sea una Convención Constituyente especialmente convocada al efecto de debatir la Reforma o no del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que avala estos derechos intrínsecos.-

  1. d) El Decreto 1406/98

 Luego de la Reforma Constitucional del año 1.994, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto aludido, que contiene una suerte de “interpretación auténtica” del pensamiento del mentor de la Reforma Constitucional, el propio Presidente de la Nación, y dice:

“… Que como una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos, para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Que tal como se afirma en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, TANTO ANTES COMO DESPUÉS DEL NACIMIENTO“.

Que ESPECIALMENTE EN SU ETAPA PRENATAL, el niño es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre.

Que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible.

Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.

Que la calidad de persona, como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, DEVIENE DE UNA PRESCRIPCIÓN CONSTITUCIONAL Y PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PENAL, LA VIDA COMIENZA EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONCEPCIÓN

Entonces, en esta norma, claramente interpretativa del sistema vigente desde la Reforma Constitucional del año 1.994, se interpreta claramente que la Vida es un Derecho Constitucional, y que comienza con la Concepción. Y es por eso que luego se pone la Convención sobre los Derechos del Niño como norma constitucional en las condiciones de su vigencia.-

  1. e) Los demás Tratados Internacionales

Entendido que según la Argentina los seres humanos son tales a partir de su Concepción, una Ley que permita el aborto resulta claramente violatorio de los demás Tratados previstos en el artículo 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, ya que por definición implica la más radical privación de todos los derechos reconocidos en todos ellos.-

En particular y sin perjuicio de todos los derechos humanos que se desconoce, posibilitar el aborto de los niños no natos implica también, en la generalidad de los casos, aceptar una cruel tortura a seres humanos, y una discriminación fundada en cuestiones de edad.-

  1. f) El Nuevo Código Civil y Comercial

En virtud al art. 19 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación existe un colectivo indeterminado de personas humanas cuyos derechos a la existencia misma están a punto de ser debatidos en el Congreso. Dice este artículo

ARTICULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

4) DERECHO A QUE LOS DERECHOS NO SE DEBATAN

Ya anticipamos este tema antes, al referirnos a los fundamentos de viabilidad del Amparo aún antes del dictado de ninguna Ley. Siendo que para la Constitución Argentina el Derecho a la Vida de los no natos es según nuestros textos constitucionales un derecho intrínseco, resulta claro que no puede debatirse tal derecho sin reformar la Constitución Nacional.-

El solo hecho de tratar el tema implica desconocer que el derecho a la Vida es inherente a toda persona. La acción se dirige por ello contra el solo hecho de que se intente someter a tratamiento por el Congreso un tema absolutamente prohibido por las normas Constitucionales que se mencionará más abajo.-

Existen entonces casos en que las personas tienen derecho a que sus derechos no sean ni siquiera motivo de debate, derecho independiente al de que el debate resulte favorable. Por ejemplo cuando se dice en el art. 18 de la Constitución Nacional, que los habitantes no pueden ser juzgados por Comisiones Especiales. En tales casos el derecho a que sus derechos no sean sometidos a debate se ve violado con el mero hecho de someterlo al debate, y no por el hecho de que en definitiva la Comisión Especial decida de una u otra manera. La finalidad de las normas que impiden someter a determinadas personas a proceso en determinadas condiciones, no es que sean sometidos a un proceso para luego de años analizar si el proceso era válido o no, si estaba viciado en su origen o no. Son armas que se da a los interesados para, con su mera invocación, evitar el proceso. De lo contrario la violación a normas expresas quedaría impune durante todo el tiempo de duración del proceso viciado.-

Esto ha sido perfectamente entendido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos, en que reconoció el carácter definitivo de las Resoluciones que disponían someter a proceso a las personas, mediando de por medio una Suspensión de la causa a prueba, o una Ley de Punto Final, o aún un Indulto del Poder Ejecutivo. En estos casos, nuestro Superior Tribunal decidió que el mero hecho de someter a juzgamiento a los beneficiarios de estas normas, constituía una Sentencia Definitiva y por ende, recurrible por vía de Recurso Extraordinario por violar garantías constitucionales.-

Partiendo en abstracto de la posibilidad razonable de que el recurrente pudiera tener razón y que tuviera un derecho a que sus derechos no sean debatidos, constituye una violación constitucional el mero hecho del debate sobre dichos temas improponibles.-

En estos casos, es evidente que la denegación de la violación de estas garantías permite el Amparo Constitucional, ya que con ella se llegará a una decisión, y lo que se quiere no es ni una ni otra, sino simplemente que sus derechos no sean sometidos ni siquiera a deliberación ni decisión.-

Parafraseando la conceptualización de la propia Corte acerca de lo que es una Sentencia Definitiva como “aquellas que originan agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal en que se las invoca, exhiben, prima facie, entidad bastante para conducir a un diferente resultado del juicio, por lo que de ser mantenidos generaríanse consecuencias de imposible o insuficiente reparación ulterior” (CSN 30-7-85. Rep. E.D. T.20-B p. 1.177, Nº 23), es obvio que el mero hecho de ser juzgado de por sí otorga no solamente la posibilidad, sino la seguridad de un resultado diferente al que se alega como normado, que es no ser sometido a proceso.-

5) OTROS EJEMPLOS DE INHABILITACIÓN DE DEBATE

Así se resolvió por ejemplo, con relación a la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, que la Excma. Corte consideró sentencia definitiva a los fines del Recurso Extraordinario por cuanto

La finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de NO SEGUIR SOMETIDO A PROCESO mediante la extinción de la acción penal” (C.S., “P.,O.R. y otros s/ Defraudación” del 11.11.97, P. 184. XXXIII. R.H., El Derecho del 07.04.98).

Igualmente, con relación a la Ley de “Punto Final”, dijo la Excelentísima Corte que el sometimiento a proceso en estas condiciones implicaba una Sentencia Definitiva, ya que el derecho alegado era precisamente el de no ser sometido a proceso:

“Es admisible el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento contrario a la validez de las leyes federales 23.492 y 23.521 y al derecho de los imputados a no ser sometidos a proceso por los hechos investigados, máxime si el punto constitucional en cuestión no podrá ser revisado en la sentencia definitiva, pues EL DERECHO A NO SER SOMETIDO A PROCESO se extinguiría con el dictado de dicha sentencia que convertiría a los procesados en personas condenadas o absueltas” (S. 1767. XXXVIII.; Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de lalibertad, etc. (Poblete)- causa N° 17.768-. 14/06/2005, T. 328, P. 2056)

Igualmente, para los casos de Indulto, dijo la Corte Nacional que

Si se difiere todo pronunciamiento sobre la validez y alcance de los indultos dictados por el Poder Ejecutivo hasta el momento del dictado de la sentencia final se desnaturalizarían los fines perseguidos por dicha medida de EVITAR AL PROCESADO EL TENER QUE SOPORTAR EL ENJUICIAMIENTO (A. 6. XXIV.; Amaya, Mario Abel s/ presunto secuestro, apremios ilegales, malos tratos, vejaciones y tormentos seguidos de muerte – Causa N° 260/87 -. 06/04/1993. T. 316, P. 609)

Puede verse que lo común que tienen las tres Sentencias, es que se consideró que el someter a alguien a proceso en condiciones en que la Ley consideraba que no podían serlo, violaba lo que en el primer fallo es llamado como “ NO SEGUIR SOMETIDO A PROCESO “, en el segundo como “ EL DERECHO A NO SER SOMETIDO A PROCESO“, y en el último como “EVITAR AL PROCESADO EL TENER QUE SOPORTAR EL ENJUICIAMIENTO“. Lo común de todos estos fallos es el reconocimiento de que evitar el debate constituye un derecho autónomo y diferente al derecho -que obviamente también asiste a los bebés en gestación- a que se respete su vida. Aún la decisión favorable, con todo lo bueno que resultaría, sería consecuencia de un proceso que no debió ni debe empezar.-

IV.- ASPECTOS PROCESALES

1) LA VÍA DEL AMPARO

El amparo es una vía excepcional que procede “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” (art. 43, C.N.). Cuando se trata de la defensa de derechos de incidencia colectiva, la vía más idónea es el amparo; pues es la única que permite obtener sentencias oponibles erga omnes. Y ello por la sencilla razón que, en los juicios de conocimiento, sólo puede accionar quien tiene un interés personal legítimo. Y en este caso peculiar, la persona por nacer no puede actuar por sí.

Si no se habilita entonces en la especie la vía del amparo, contra las amenazas a las que están sujetos los bebés en gestación, y por la situación de desprotección en la que se encuentran los niños por nacer que están siendo gestados por madres que buscan abortarlos, están en peligro inminente de muerte. Por eso bien ha dicho la C.S.J.N. que, cuando se atenta contra la vida del nasciturus,

Se configura así una situación que revela la imprescindible necesidad de ejercer la vía excepcional del amparo para la salvaguarda del derecho fundamental en juego (Fallos: 280:238; 303:422; 306:1253, entre otros)” (in re: “Portal de Belén Asociación Civil sin Fines de Lucro c/Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/Amparo”, considerando 10).

Resulta obvio que en el caso no existe una vía más celera que la del Amparo para evitar el tratamiento de una Ley que, por el solo hecho de pretender ponerse en el tapete la discusión de derechos amparados por garantías constitucionales, implica una amenaza inminente a las mismas.-

2) EL PLAZO DE EJERCICIO

Si bien al tratarse de una amenaza continuada, está renaciendo continuamente, por razones de prudencia la presente demanda se promueve dentro del plazo legal para ello, computado desde que se supo que el Poder Ejecutivo “habilitó el tratamiento” de este tema, conforme a las noticias acompañadas.-

3) INEXISTENCIA DE OTRAS VÍAS MÁS CELERAS

Enseña Marcos Aníbal Rougès (justamente nuestro patrocinante) en “Las Vendas de nuestra Falsa Themis”, Ed. Belle Époque, año 2.011, págs. 369 y sstes., que

“… como tiene dicho la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Si bien la acción de amparo no está desti­na­da a reemplazar a los medios ordinarios de solución de las controversias (Fallos, 300: 1033), su exclusión por la existencia de o­tras vías judiciales no puede basarse en una apreciación puramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordena­ción o resguardo de competencias” C.S.N., Fallos 299:358 y 417; Fallos 395:30.-

Néstor Sagüés, a quien ya hemos citado anteriormente, expone que “En su consecuencia, el inciso obliga al magistrado interviniente a realizar un cuidadoso análisis: se trata de averiguar, como requisito para admitir una acción de amparo, si los procedimientos regulares (sean judiciales o administrativos), resultan idóneos, suficientes, aptos o eficaces para atender al problema planteado. No basta, pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: Hay que considerar, inex­cusablemente, si tal trámite es auténtica­mente operativo para enfrentar el acto lesi­vo. Resultaría harto fácil (y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr “la protección del derecho o garantía cons­titucional de que se trate …De todas mane­ras, es posible rastrear los siguientes cri­terios jurisprudenciales claves: “a) El amparo es viable, aún habiendo otros procedimientos legalmente previstos, cuando el empleo ordinario de éstos, según las características del problema, pudiera oca­sionar un daño grave e irreparable; es de­cir, cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente una protección judicial, pero posterior a su ruina.

… dicho Tribunal (la Corte Suprema de Justicia de la Nación) admitió explícitamente la procedencia del Amparo como vía de solución celera, diciendo: “Siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo, a fin de que el curso de los procedimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales…”

…  De cualquier forma, el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional reza que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. El cambio de enfoque contenido en la nueva Constitución es sutil pero clarísimo: Ahora no basta que exista otra vía, ni siquiera que la otra vía sea idónea. Conforme al nuevo texto constitucional, ahora para desechar el Amparo es necesario que la otra vía sea aún más idónea que la del Amparo.-

No puede, a esta altura de los acontecimientos, entenderse que el amparo es una vía subsidiaria de la existencia de otros procesos administrativos o judiciales. Estos siempre existen y el sostenimiento de tal postura convierte en un instituto inoperante al amparo constitucional. No ha sido ésta la postura de la constituyente de 1.994…Por ello, el criterio de la Corte merece destacarse… Así, si se dan los presupuestos que exige la acción de amparo (vulneración de derechos o garantías reconocidos por la constitución, tratado o ley; por un acto u omisión; generando lesión en forma manifiestamente arbitraria o ilegal, actual o inminentemente) la misma será procedente, salvo que existan remedios procesales que aseguren más eficazmente la protección del derecho afectado”(ROUGÈS, Marcos A., Op. Cit., citando en nota a TORICELLI, Maximiliano, “Los alcances del artículo 43 párrafo 2º. La consolidación de la buena doctrina”, La Ley 2.001‑B, pág. 123 y sstes.)

Por supuesto, no es en modo alguno el único ni el mejor autor en tratar estos temas, pero la premura en la promoción de la acción obliga a utilizar la cita más rápidamente disponible.-

V.- PRUEBA

Se ofrece como prueba una impresión de la la página web antes mencionada, esto es,  http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/

Asimismo, se ofrece como prueba un Informe de la Cámara de Diputados a los fines de que informe si el 30 de junio de 2016, o en cualquier otra fecha, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y/u otro proyecto similar, indicando que su número  de expediente sería el: 4161-D-2016 y que habría sido publicado por Trámite Parlamentario Nº 84, y si el mismo está por ser objeto de tratamiento.-

VI.- MEDIDA CAUTELAR

Por supuesto, todo lo expuesto anteriormente carecería de sentido, si durante la sustanciación del presente Amparo ya la Ley se hubiera dictado. ¿Cuántos bebés en gestación morirían en el ínterin? En este momento, ninguna embarazada puede alegar “derechos adquiridos” a abortar. ¿Qué pasará mientras tanto con todos los embarazos anteriores a la firmeza de la Sentencia estimatoria de la presente acción?

Creemos haber acreditado la verosimilitud del derecho y la razón de urgencia de la medida, AVALADOS INCLUSIVE POR JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por lo que solicitamos se disponga que durante la sustanciación de este proceso no se trate ningún Proyecto de Ley relativo a la legalización del Aborto.-

En un excelente trabajo sobre el particular, dice un autor, analizando el tema del peligro de un daño inminente (y demostrando de paso que eso es lo que ocurre aquí), que

“Pero, ¿qué es el ” periculum in damni “? Este concepto fue variando y evolucionando con el tiempo debido a la labor de la Jurisprudencia. Así en un primer momento se consideró perjuicio irreparable a aquel que no podía compensarse adecuadamente con una indemnización en dinero. Luego también se sostuvo que existe “  periculum in damni ” cuando la demora en el proceso hasta obtener la sentencia de mérito que otorgue la pretensión reclamada por el solicitante, empeora gravemente la situación del actor, compromete seriamente su situación en desmedro del mismo, y también cuando el bien jurídico que se pretende proteger, por la demora misma que lleva sustanciar todo el proceso de que se trate y llegar a la sentencia de mérito firme, no podrá mantenerse indemne, sin sufrir menoscabo, y por lo tanto para evitar que ello se produzca, habrá que tutelarlo de manera urgente, “ya, aquí y ahora”, de lo contrario será demasiado tarde. Y por último, algún sector llegó también a admitir que se puede alegar un perjuicio irreparable que pueden sufrir los terceros, si no se despacha la Medida Cautelar Innovativa como una anticipo parcial de la tutela judicial de mérito, es decir, como una sentencia parcial anticipada, todo lo cual dependerá del análisis en cada caso concreto y de sus particularidades, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta y apreciado por el juez, conforme con las reglas de la sana crítica.

Por lo tanto, cuando una Medida Cautelar Innovativa concede en todo o en parte el objeto de la pretensión en forma anticipada antes del dictado de la sentencia definitiva, y por ende de toda la sustanciación del proceso de que se trate, entendemos que no importa una violación al debido proceso ni a la igualdad de las partes en el mismo, sino que se funda en razones de justicia y equidad. Y consideramos que para su despacho favorable se exige la concurrencia y existencia de un cuarto requisito, que se suma a los tradicionales que deben reunir todas las medidas cautelares de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora, la prestación de fianza o contracautela, que es el perjuicio o daño grave, inminente, irreparable, o de muy difícil o remota reparación que sufrirá el solicitante de la misma, si no se la otorga favorablemente, ya que si no se concede favorablemente la misma, el daño grave que se le causará al actor no podrá ser reparado, porque cuando se dicte la sentencia de mérito que ponga fin al pleito, y ésta quede firme y adquiera autoridad de cosa juzgada, y se haga lugar a la pretensión del actor, llegará tarde y ni siquiera podrá ser sustituida por una indemnización consistente en una suma de dinero (“Algunas consideraciones sobre la medida cautelar innovativa”, Airasca, Ivana María, LLLitoral 2003 (marzo), págs. 135 y sstes.)

No fatigaré a V.S. con el casi interminable listado de autores que avalan la procedencia, siempre en casos excepcionales –tal como los de autos- de Medidas Cautelares en casos de Amparo en que está en juego la vida. Citaré tan solo a Jorge W. Peyrano, por ser uno de los más sólidos y firmes promotores de este tipo de tutela jurisdiccional, que con una analogía extraída de la medicina aclara perfectamente el panorama:

“Un cierto tipo de diligencia innovativa apunta a formular un anticipo cautelar del juicio de mérito. Es decir que, formula un pronóstico (provisorio, por cierto) acerca de cuál será el desenlace de la causa y procede a conceder ahora lo mismo (o parte) que probablemente distribuirá más tarde la sentencia de mérito. De tal modo, se evita que el decurso del tiempo (inevitable para sustanciar la secuela de la causa) se transforme en el enemigo de una justicia entendida en términos bien reales y concretos.

Se dirá que no es lo mismo pronóstico que diagnóstico. Es cierto. Pero también lo es que, en la mayoría de los casos, coinciden uno y otro. Conviene, entonces, que se apliquen los remedios aconsejados por el pronóstico; máxime cuando el peligro es inminente y grave (“daño irreparable”) y se cuenta con un eficaz antídoto (la contracautela) para el supuesto de que el específico aplicado no fuera el idóneo”  (PEYRANO, Jorge W., “La Medida Cautelar Innovativa como anticipo de la sentencia de mérito, en Procedimiento Civil y Comercial”, t. 3, p. 66, Ed. Juris, Rosario, 1994, cit. por PEYRANO, Jorge W. en “Jurisprudencia Anotada. La Palpitante actualidad de la Medida Cautelar Innovativa”, de la Revista de Derecho Procesal, N° 5, Amparo. Hábeas Data. Hábeas Corpus II, ps. 319 y 321, Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, año 2000)

Tiene sentado la Corte Suprema, que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (artículo 75 inciso 22 de la Ley Fundamental; Fallos 323:1339, in re ”Asociación Benghalensis y otros”) y es claro que, en tanto lo consientan las constancias de la causa, su protección cautelar debe otorgarse con amplitud para evitar los daños o su agravamiento (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Orlando, Susana Beatriz c. Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Amparo”, sent. del 4-4-2002, en “El Derecho” 201-36 y, en general, CARRANZA TORRES, Luis R., “Derecho a la salud y medidas cautelares”, en “El Derecho”, Suplemento de Derecho Constitucional del 20- 2-2004 y las remisiones a la jurisprudencia que formula en el punto 3).-

VII.- REFLEXIONES SOBRE LOS ÓBICES PROCESALES

Para terminar, haremos una reflexión acerca de los óbices procesales al acceso a la Justicia, y la incompatibilidad que ellos podrían tener aparejados, con respecto a las enseñanzas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, deberemos recordar las enseñanzas del conocido “caso Cantos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002 [Fondo, Reparaciones y Costas]), en el que el ilustre Germán BIDART CAMPOS, junto con otros letrados argentinos, hizo condenar al Estado Nacional por haber dificultado el acceso a la Jurisdicción de un particular damnificado por su accionar. Allí dijo el Superior Tribunal Interamericano que

  1. Según el artículo 8.1 de la Convención “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención
  2. El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. La Corte ha señalado, asimismo, en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana

Vaya esto con relación al eventual casuismo hueco relativo a en qué momento considerar “madura” la proposición de una amenaza de violación de Derechos Constitucionales. Es que resulta obvio que si lo que quisieron nuestros Constituyentes es permitir el Amparo contra amenazas, para posibilitar la oportuna prevención de eventuales lesiones constitucionales, resulta contradictorio que por vía jurisprudencial se pretenda volver la situación hacia atrás, para considera que el “caso” quede supuestamente configurado recién cuando la amenaza se vuelva tan inminente que casi se confunda con la concreción de la propia amenaza.-

¿Qué sentido tendría un instructivo a los Bomberos diciendo que deberán apagar el fuego apenas comience (amenaza), si luego se “interpretara” que hay que esperar a que el fuego “madure” (concreción de la amenaza)?

Estas palabras son aplicables también a las costas. Como vimos, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el punto 51 del caso citado que Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención“.-

Es por eso que existe una firme jurisprudencia en el sentido de que en casos como el de autos, independientemente de su acogimiento o rechazo, las costas deben ser impuestas por el orden causado en razón de las especiales características de la cuestión debatida. Como ejemplo, en el caso “Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo”, causa P. 709. XXXVI, CSJN, 5 de marzo de 2002, Fallos 325, págs. 292 y sstes., ya citado, se expresa al respecto en la parte Resolutiva:

“Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada, se hace lugar a la acción de amparo y se ordena al Estado Nacional -Ministerio Nacional de Salud y Acción Social, Adminis- P. 709. XXXVI. Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo. Corte Suprema de Justicia de la Nación -7- tración Nacional de Medicamentos y Técnica Médica-, que deje sin efecto la autorización, prohibiendo la fabricación distribución y comercialización del fármaco “Imediat” (art. 16, segunda parte, ley 48). Costas por su orden en atención a la índole de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.

Siendo que la índole de la cuestión debatida” en dicha causa y que justificaba la imposición de Costas por el Orden Causado, es exactamente la misma que la de autos, entiende esta parte que en la presenta causa, sea cual fuere el resultado, las costas deben también ser impuestas de igual manera que en el citado precedente, no solamente por los motivos dados por la Corte Suprema Nacional en el caso Portal de Belén, sino también por los recalcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cantos.-

VIII.- RESERVA DE RECURSO EXTRAORDINARIO

Siendo la primera oportunidad posible, venimos a RESERVAR Recurso Extraordinario -incluyendo por cierto la posibilidad de ir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Salto de Instancia- en contra de Sentencias que denegaran las peticiones formuladas en autos.-

Fundamos esta Reserva en la circunstancia de que una tal inteligencia (o más bien, desinteligencia) implicaría la violación de las normas de los Tratados Internacionales antes mencionados, en especial Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño, y por ende también del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional que les otorga jerarquía constitucional, conforme a lo analizado. Incluye esta reserva también a la eventual denegación de la Cautelar peticionada, porque la misma podría resultar equiparable a Definitiva.-

Por idénticos motivos, reservamos plantear la cuestión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que una Resolución contraria a los derechos invocados iría en contra del bloque constitucional y supraconstitucional arriba analizado, y en especial en contra del art. 4.1 de dicha Convención (Pacto de San José de Costa Rica) que expresa en lo pertinente que

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, EN GENERAL, A PARTIR DEL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente

IX.- PETITUM

Por lo expuesto, pedimos a V.S.:

1) Nos tenga por presentados en el carácter invocado, con domicilio especial constituido, dándosenos intervención de Ley.-

2) Se de trámite al Amparo promovido.-

3) Se suspenda mientras dura la presente causa, la convocatoria de cualquier Sesión para el tratamiento del Proyecto de Ley aludido.-

4) Oportunamente, haciéndose lugar al Amparo promovido, se disponga dejar sin efecto la convocatoria de cualquier Sesión para el tratamiento del Proyecto de Ley aludido, declarándose su improponibilidad por violación del Régimen Constitucional vigente.-

5) Se tenga presente la Reserva efectuada.-

Dígnese V.S. proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA

OTRO SÍ DECIMOS:

Por la cantidad de firmas que manifestaron su voluntad de adherirse y aún no lo hicieron, y los perentorios plazos para la interposición de una Acción de Amparo, se ha tomado la decisión de clarificar en las fojas siguientes quiénes son los que se presentan como Actores:

1) ASOCIACIONES QUE FIRMAN EL PRESENTE AMPARO

Por la preeminencia que da el art. 43 de la Constitución Nacional al accionar de “las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley”, se destaca el nombre de las que ya han firmado, acompañando la instrumentación que demuestra en cada caso los caracteres invocados. Destacamos que este Amparo está suscripto por las siguientes Asociaciones, que son algunas de las que firman las dos fojas de adhesiones:

* Ayuda Social Femenina

* Fundación “Desatando Nudos”

* Red Federal de Familias

* Fundación Eco Vida

* Liga de Madres de Familia Arquidiocesana

* Fundación Nutrir

* Fundación Lucía

* Fundación Padre Pedro Richards del Movimiento Familiar Cristiano de         Tucumán”

* Partido Demócrata Cristiano

2) GESTIÓN PROCESAL POR OTRAS ASOCIACIONES NO FIRMANTES

Conforme al art. 48 C.P.C.C.N., Art. 48. ‑ Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los CUARENTA (40) días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.

En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.

El Dr. Marcos Aníbal Rougès invoca Gestión Procesal en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N., por las Asociaciones cuyos nombres se indica seguidamente, y declara bajo juramento que las Asociaciones que se menciona, también manifestaron por diversos medios (email, facebook, whatsapp, etc.) su voluntad de adherirse al presente Amparo, no habiendo podido hasta el momento adherirse, por razones de distancia, acompañándose el mail que refleja la seriedad del pedido, de cuya autenticidad el Dr. Rougès se responsabiliza bajo fe de juramento:

* “EPAMM Equipo de Prevención del Abuso y  Maltrato en Menores      Asoc. Civil”

* FUNDACIÓN AGENCIA INTERAMERICANA DEL DERECHO A LA VIDA

* COORDINACIÓN DE LA MARCHA POR LA VIDA

* CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS

* ASOCIACIÓN PROTECTORA AL PARALÍTICO CEREBRAL DE TUCUMÁN (APPACET)

* MOVIMIENTO “UNIDOS POR LA VIDA Y LA FAMILIA”

– Red Federal de Familias -Delegación Chaco-;

– Fundación “Ciudad Limpia”;

– Centro de Estudios S.O.S.vida

– Fundación Cielos Abiertos

– Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz

– Cámara de Comerciantes, Empresarios, Profesionales y Ejecutivos

– Cristianos del Chaco;

– Fundación  Red  para el Mundo;

– Mujeres al Frente, del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano;

– Fundación Dr. Saul Andrés Acuña;

– Partido Demócrata;

– Colegio de Enfermería del Chaco;

– Grupo de jóvenes MAS VIDAS ;

– Asociación Crecer con Esperanza;

– Fundación Desarrollo Humano Integral; 

– Centro de Estudios de Intereses Nacionales CEIN;

– Partido Nacionalista Constitucional-UNIR;

– Organización Social Juntos por un Mundo Mejor;

– Proyecto SI A LA VIDA;

– Juventud de la Coalición Cívica ARI;

– Grupo Pro Vida Barranqueras:

3) PERSONAS FÍSICAS FIRMANTES DE LA PRESENTE CAUSA

Al margen de las Asociaciones aludidas precedentemente, muchísimas personas quisieron a título individual participar como parte en la causa, adhiriéndose al presente Amparo y firmándolo de su puño y letra en el día de la víspera, empezando por el propio Letrado Patrocinante Marcos Aníbal Rougès. Ellas firman las dos fojas de adhesiones, cuyos nombres y números de Documento de Identidad en cada caso se expone.-

4) GESTIÓN PROCESAL POR PERSONAS FÍSICAS NO FIRMANTES

El Dr. Marcos Aníbal Rougès invoca Gestión Procesal en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N. citado precedentemente, por las personas físicas cuyos nombres y Documentos de Identidad figuran en la documentación que se acompaña, y que solicitaron expresamente su adhesión a la presente causa.-

5) PERSONAS FÍSICAS QUE AVALAN ESTA INICIATIVA

Tan solo en Tucumán se salió a recolectar adhesiones. A diferencia de los de los puntos 3) y 4) anteriores, a los interesados no se les informó que se promovería un Juicio, motivo por el cual no se los incorpora como co-actores. Sin embargo, se acompaña las planillas: Aproximadamente TREINTA Y CINCO MIL FIRMAS recolectadas en tan solo un día de labor

6) UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA

Conforme al art. 54 C.P.C.C.N.

UNIFICACION DE LA PERSONERIA

Art. 54. – Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez … les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los DIEZ (10) días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso.

Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Para evitar los enormes inconvenientes que acarrearía hacer firmar cada presentación por todos los intervinientes, se conviene en que se unifique personería en cabeza del Dr. Marcos Aníbal Rougès, y para evitar celos entre los diversos suscriptores, en que la presente causa se caratule así: “ROUGÈS Marcos Aníbal y otros VS. ESTADO NACIONAL S/ AMPARO”.-

            Proveer de conformidad

IGUAL JUSTICIA

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