Por el “Mega Decreto” denuncian al presidente Macri y prácticamente a todo su gabinete de Ministros.

El Mensaje recibido me sorprendió, aunque la fuente era totalmente fiable ya que me conoce desde cuando portaba esos “jardineros” que usamos todos alguna vez, con tiradores y botones (al menos los mayores de 40′). No había lugar a dudas. Fuente confiable, acceso al abogado patrocinante y texto de la denuncia…

Motivos para la misma: El Mega Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 27/2018, un  mega DNU con el que el presidente literalmente se “lleva puesta“, todo tipo de Ley vigente y de paso, la Constitución Nacional que juró defender y por qué no decirlo; al Congreso de la Nación.

Una versión anticonstitucional del ya característico “Dame todo, te devuelvo un poquito” (si quiero) de Mauricio Macri, que para estas cosas no tiene empacho en hacer decir a su Jefe de Gabinete Marcos “Pena” (la “ñ” la dejamos en vista de sus últimas declaraciones en las que nos “aconsejaba” “Acostumbrarnos a los constantes aumentos de combustibles”) que el “no tenemos pensado hacer sesionar al Congreso en sesiones Extraordinarias”.

El mensaje: Luego de cotejar datos, solo hubo que, casi con resignación, volcar en esta nota una transcripción literal dela denuncia presentada en contra del Presidente y de casi todo su gabinete de Ministros; Marcos “Pena” incluido.

Captura del mensaje

Texto de la denuncia presentada por el Dr. Barcersat, Alicia Castro, el diputado Carmona, el tucumano José Vitar y otros…; en contra de todo funcionario que haya tenido injerencia en la confección de este nuevo “Quasimodo” legal.

La Denuncia:

FORMULAN DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, EN CONCURSO CON MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y PREVARICATO. PIDEN MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIVA EJECUTORIA DECRETO 27/2108. HABILITACIÓN DE FERIA.-

 

Señor Juez:

, por nuestro propio derecho, constituyendo domicilio procesal a efectos de esta denuncia en Libertad 174, 3º piso, of. 6 y electrónico 20043083040, al Sr. Juez decimos:

1: OBJETO:

Conforme el facultamiento contenido en el art.36 “in fine” de la C.N., y lo preceptuado por el art. 174 del CPMPN, venimos a formular denuncia contra:

  1. MAURICIO MACRI, con domicilio legal en Balcarce 50, C.A.B.A.
  2. MARCOS PEÑA, con igual domicilio legal.-
  3. JOSÉ GUSTAVO SANTOS, con igual domicilio legal.-
  4. PATRICIA BULLRICH, con igual domicilio legal.-
  5. ALBERTO JOSÉ TRIACA, con igual domicilio legal.-
  6. CAROLINA STANLEY, con igual domicilio legal.-
  7. JOSÉ LINO SALVADOR BARAÑAO, con igual domicilio legal.-
  8. ALEJANDRO PABLO AVELLUTO, con igual domicilio legal.-
  9. ROGELIO FRIGERIO, con igual domicilio legal.-
  10. FRANCISCO ADOLFO CRABERA, con igual domicilio legal.-
  11. GUILLERMO JAVIER DIETRICH, con igual domicilio legal.-
  12. SERGIO ALEJANDRO BERGMAN, con igual domicilio legal.-
  13. ANDRES HORACIO IBARRA, con igual domicilio legal.-
  14. JUAN JOSÉ ARANGUREN, con igual domicilio legal.-
  15. NICOLÁS DUJOVNE, con igual domicilio legal.-
  16. LUIS ANDRES CAPUTO, con igual domicilio legal.-
  17. JORGE MARCELO FAURIE, con igual domicilio legal.-
  18. ALEJANDRO OSCAR FINOCCCHIARO, con igual domicilio legal.-
  19. ADOLFO LUIS RUBINSTEIN, con igual domicilio legal.-
  20. LUIS MIGUEL ETCHEVERE, con igual domicilio legal.-

Asimismo, la acción endereza contra todo funcionario que la tarea instructoria determine que haya tenido participación o brindado ayuda a la elaboración del DNU 27/2018.-

Se basa la denuncia en la emisión del Decreto de Necesidad y Ugencia (DNU) Nº 27, 2018, de fecha 10 de enero de 2018, publicado en el Boletín Oficial del 11-01-2018, con entrada en vigencia a partir del 12-01-23018, por entender, “prima facie”, que el mismo configura lesión a las figuras penales típicas de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (art. 248 del C. Penal), en concurso con malversación de caudales públicos (art. 261, C. Penal), y conducta prevaricante por parte de aquellos funcionarios que en su condición de abogados hayan tenido autoría o participación en la elaboración del texto manifiestamente contrario a derecho (art. 272, C. Penal.  Y también por la lesión constitucional a lo preceptuado por el art. 36 de la C.N., que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Ello, conforme los antecedentes que pasamos a referir.-

Se recaba, igualmente, que tras la vista al Ministerio Público Fiscal (art. 180, CPMPN), y en observancia a lo preceptuado por el art. 23, “in fine” del C. Penal, se disponga la inmediata suspensión de vigencia del DNU 27/2018, resguardando así que no se concreten los deletéreos perjuicios institucionales y de resguardo de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, comunicando dicha disposición a la sede del Gobierno Nacional.-

A ese fin, por la gravedad institucional de la materia, evidenciada esa gravedad por la colecta de públicas descalificaciones que ya colecta el DNU de referencia, se pide la habilitación de días y horas, en resguardo de la institucionalidad.-

2: ANTECEDENTES:

El día 11 de enero de 2018 el pueblo de la Nación Argentina tomó conocimiento de la emisión y entrada en vigencia de un mega-decreto, calificado como “de necesidad y urgencia”, por el que se introducen sustanciales modificaciones en los cuerpos de leyes que regulan la actividad de la administración pública nacional, derogando muchas de ellas o modificando sus disposiciones, en un obrar que tipifica como violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, conducta perpetrada en abierta lesión a lo preceptuado por el art. 99, inc. 3º de la C.N., con lo que deviene un inexcusable quebrantamiento al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional establecida en su art. 36.-

Es que el art. 99, inc. 3º de la C.N. establece condiciones de habilitación para la excepcionalidad de la emisión de DNU por parte del PEN, que han sido groseramente violentados en el caso que se trae al conocimiento y decisión del Poder Judicial de la Nación, y cuyo deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional aun por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella (art. 3º, Ley 27).-

En efecto, el art. 99, inc. 3º de la C.N., preceptúa: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.-

Ponemos de relieve que “ningún” es el operador cuantificacional universal negativo. Este es el enunciado de la Constitución Nacional que encabeza el inc. 3º del art. 99.-

Cuanto subsigue del enunciado constitucional es la descripción de los excepcionales supuestos en que pueden emitirse decretos de necesidad y urgencia, a saber: “Solamente (cuantificador existencial de lo único) cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos político, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” (texto entre paréntesis, nuestro).-

Bien cabe examinar si había circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.-

El Señor Juez tendrá en cuenta que al momento de la emisión del DNU 27/2018, estaba reunido, en sesiones extraordinarias convocadas por el PEN, conforme el facultamiento que le otorga la C.N. (art. 99, inc. 9º), por lo que ningún óbice constitucional o de urgencia y excepcionalidad habilitaba que se enviara el texto en tanto proyecto de ley para su debate y tratamiento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. No es ocioso aquí poner de resalto que el Poder Legislativo es el primero de los poderes del gobierno Federal que regula la Constitución Nacional. Se trata, además, de un poder pluripersonal que conforme las leyes electorales que regulan su conformación, por virtud de la representación proporcional, es el poder que mejor expresa la voluntad política del pueblo de la Nación Argentina.-

Esa convocatoria sesiones extraordinarias se instrumentó por el Decreto    emanado del propio PEN.-

Es por ello que configura inadmisible contradicción que quién ha ejercitado la facultad de convocar a sesiones extraordinarias (art. 99, inc. 9º, C.N.), sea –el mismo- quien birle esa convocatoria y habilitación para apropiar –usurpar- las potestades que el art. 75  de la C.N. confiere en cabeza del Poder Legislativo. En la misma medida del ejercicio usurpativo, está la pérdida de vigencia y efectividad de la Ley Suprema de la Nación Argentina (art. 36, C.N.).-

Más allá de la ficcional exposición de motivos del DNU 27/2018, que incurre –hasta eso- en el plagio parcial de un decreto de anterior Gobierno (Menem-Cavallo), presentando el “relato” de una necesidad impostergable para “desburocratizar” y “simplificar” los trámites y recaudos ante la administración pública; y de la inauguración de un proceso que “…promueve el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública…”(párrafo segundo Considerandos), lo único que realmente subyace es un trastocamiento institucional y cuyo denominador común es el de “…achicar el Estado, para agrandar los negocios…”

Lo que se trae al conocimiento y decisión del Poder Judicial de la Nación (art. 116, C.N.), no es el examen de los criterios de oportunidad y conveniencia de lo propuesto en la normativa del DNU, sino el control de legalidad; esto es, si se está frente a la autoridad competente para emitir disposiciones legislativa, y si se hallaban reunidas en el caso las situaciones de urgencia y necesidad para incurrir en la excepcionalidad de la emisión de un macro DNU. Esto es, lo que nuestra CSJN denomina como “control de legalidad”. El otro control que ejerce el Poder Judicial, el de “razonabilidad”, no es propuesto en la sede penal, sino que la denuncia se ciñe al prisma del cumplimiento de los recaudos constitucionales de autoridad competente y debido procedimiento para la emisión de normas legislativas. El art. 248 del C. Penal es una figura de dolo específico, y en el caso consiste en saber lo que se está haciendo –transgredir los límites de las potestades constitucionales del PEN, apropiando las del Poder Legislativo-, y sin que medie ninguna circunstancia de urgencia ni de necesidad, ya que se pudo seguir el trámite regular de debate y sanción de las leyes.-

Este dolo específico está plenamente configurado –confeso, cabría decir- en los propios Considerandos del DNU 27/2018, cuando se expresa: “Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento de los objetivos del presente Decreto” (subrayado nuestro).-

 ¿Es que se le teme al debate? ¿Es nocivo que el pueblo de la Nación ejerza su soberanía a través de sus representantes ungidos por el voto popular?¿Qué eficacia pueden tener disposiciones como las de los incisos 12, 18 y 19 del art. 75 de la C.N., si se gobierna por DNU?

 

 ¿No es esta, acaso, la hipótesis que anatemiza el art. 29 de la C.N.; bien invocado en la señera cláusula de su art. 36?

 Habrá que responder a estos interrogantes. Pero hay más quiebres a los límites reglados por el art. 99, inc. 3º de la C.N.-

Y es que se objetivan hipótesis de enajenación de bienes del dominio público y privado del Estado Nacional; arquetípicamente, en las disposiciones que refieren a la Agencia Administrativa de Bienes del Estado (AABE), y en la habilitación para crear puertos y aeropuertos privados. Todas estas hipótesis abonan la figura de malversación de caudales públicos. Valorará el Ministerio Público Fiscal si se trata de tentativa o de delito cometido por la sola emisión y entrada en vigencia del DNU 27/2018.-

Hay normativa penal y procesal penal –materias taxativamente vedadas por el art. 99, inc. 3º, C.N.- al modificarse, por este DNU, las disposiciones que regulan la actividad de la Unidad de Información Financiera.-

Hay materia tributaria, también vedada para los DNU por la norma constitucional, cuando se condonan y reducen aportes patronales.-

No puede admitirse que los funcionarios a cargo de la redacción de este DNU, particularmente aquellos que tienen título de abogado, desconozcan o inapliquen el texto de la Constitución Nacional. Se trata de una conducta prevaricante que debe habilitar la correspondiente sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía, por el término que fije la sentencia condenatoria.-

3: DEBER DEL JUEZ DE IMPEDIR LA CONSUMACIÓN DEL OBRAR DELICTIVO.-

Lo expuesto, y la propia materialidad del Decreto 27/2018, tornan de inexcusable aplicación lo previsto en el último párrafo del art. 23 del C. Penal. Hay que evitar el derrumbe institucional que perpetra este DNU; hay que cesar con la comisión delictiva y sus deletéreos efectos, institucionales y patrimoniales respecto del Estado-Nación.-

Sabido es que las disposiciones legislativas sólo pueden ser anuladas o derogadas, conforme corresponda, por quién tiene la competencia constitucional para emitir esas disposiciones.-

Ahora bien, el garante último de todo derecho o garantía es el Poder Judicial de la Nación, a él le compete, como primer deber, la ya invocada custodia del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 3º, Ley 27).-

Este obrar no sólo es nulo e inconstitucional, como se desprende del art. 99, inc. 3º de la C.N., sino delictivo. Y esa materia es de competencia exclusiva del Juez en lo Criminal y Correccional Federal.-

A él acudimos mediante esta presentación.-

Poniendo en ejercicio el derecho que reconoce el último párrafo del art. 36 de la C.N.-

Porque la división de poderes es la piedra basal del sistema y doctrina del Estado de Derecho.-

Finalizamos la exposición de los antecedentes de esta denuncia penal invocando, por contraste con los Considerandos del DNU 27/2018, los preceptos de los incisos 18 y 19 del art. 75 de la Constitución Nacional.-

3: PETITORIO:

Por lo expuesto del Señor Juez se solicita:

3.1: Tenga por presentada esta denuncia, por constituido el domicilio procesal y electrónico, y fije inmediata audiencia de ratificación, por la gravedad institucional de la materia, habilitando la feria judicial.

3.2: Se unifica personería en        a los fines de la ratificación.-

3.3: Se corra inmediata vista (art. 180, CPMPN) al Representante del Ministerio Público Fiscal.-

3.4: Se dicte la medida suspensiva de ejecutoria del DNU 27/2018, notificando la misma de forma urgente al PEN.-

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.-

Deja tus Comentarios de la nota

Comentarios