En la mañana de este martes, la Justicia Federal resolvió legitimar el pedido de amparo presentado por el Defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, con el objeto de retomar las clases en todos los ámbitos de la Universidad Nacional de Tucumán, y ordenó que en un plazo de 72 horas se informe la actual situación sobre la ausencia del servicio educativo en la casa de altos estudios.
El juez Federal Nº 2, Fernando Poviña, también legitimó la participación del Defensor del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, quien acompañó la presentación del ombudsman provincial, Hugo Cabral y dio “por iniciada la acción de amparo en contra de: 1) El Estado Nacional; 2) Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADUH); 3) Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT); y 4) Universidad Nacional de Tucumán”, declarando su competencia en el pedido de amparo.
Por otra lodo, el escrito destaca que “en consecuencia de la Ley 16.986, y por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley citada, se le requirió a las accionadas “un informe circunstanciado acerca de los fundamentos y antecedentes de la cuestión planteada, el que deberá ser evaluado en un plazo de tres días”, a fin de establecer el “interés público comprometido” frente a la solicitud de amparo del ombusman que demandó el retorno al dictado de clases en la UNT.