La declaración de que Tucumán es una provincia que respeta y defiende la vida desde la concepción, vuelve a enaltecer a la Cuna de la Independencia (Por Marcos A. Rougés)

Bien por Tucumán! Su declaración de que es una Provincia que respeta y defiende la vida desde la concepción, vuelve a enaltecer a la Cuna de la Independencia.

Nosotros somos también conforme al art. 35 de la Constitución Nacional, las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Confederación Argentina, títulos de los que muchas veces nos olvidamos por el avasallamiento continuo del Estado Nacional. Pero en Estados Unidos, del cual tomamos muchas instituciones, entre ellas la división de potestades entre el Estado Federal y los Estados individuales (por eso se llama Estados Unidos), cada Estado tiene su propia legislación sobre el tema del aborto. Siempre se consideró que era una atribución reservada en los Estados y no en el Gobierno Federal. Y aquí es igual.

En efecto, conforme al Artículo 121 de la Constitución Nacional, “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal”, y lo que se delegó fue la facultad de regirse por determinados Tratados expresamente mencionados en el art. 75 inc. 22, con la prevención de que se los aceptaba “en las condiciones de su vigencia”, que era justamente la Ley 23849 que, por tal mención, integra también la Constitución Nacional, y declara que el artículo 1° de la Convención de Derechos del Niño “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”.

La Convención dice en el art. 6° que “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”. Y si niño es todo ser humano desde la concepción, es obvio que lo que las Provincias ordenamos a la Nación -y ella pretende olvidar- es que proteja la vida desde la concepción. Para eso tienen un mandato, reafirmado en el art. 75 inc. 23 cuando las Provincias le ordenamos a la Nación en la Convención Constituyente de 2004, que legislara sobre la “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo”.

En cambio el Congreso de la Nación parece olvidar que es un organismo creado por nosotras las Provincias, y con las facultades que nosotras las Provincias le delegamos. La Constitución Nacional de la cual surge el Congreso y sus atribuciones, se promulgó “por voluntad y elección de las Provincias que la componen”, tal como dice el Preámbulo, y con el mandato expreso de “afianzar la justicia, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nuestra posteridad”. No para debatir si matar o no, y en todo caso privar temporariamente de derechos a nuestra posteridad. Jamás hemos delegado en la Nación, ni los tucumanos, ni ninguna otra Provincia, el poder de decidir sobre la vida y la muerte de personas inocentes.

Le delegamos la confección de un Código Civil para reglamentar esa declaración contenida en la Constitución, lo que hizo en el nuevo Código Civil y Comercial que expresa en el Artículo 19 que “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Le delegamos también la confección de un Código Penal, pero eso era para castigar culpables, no para que se dictasen leyes para permitir matar inocentes.

Al revés, cuando hace ya casi dos siglos las Provincias estábamos creando la Nación que ahora pretende imponérsenos, exorbitando sus atribuciones y arrogándose competencias de las que carece, establecimos ya en 1.853 en el Artículo 29 de la Constitución Nacional una enorme limitación que el Congreso parece estar olvidando, pese a que fue reiterado en cada Reforma de la Constitución, y es que “El Congreso no puede … otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Así que no solamente una aceptación del aborto sería claramente inconstitucional, sino que asimismo todos los legisladores que, careciendo el Congreso de la Nación de facultades delegadas por las Provincias para ello, voten por que algunas personas (los padres) pueden atentar impunemente contra la vida, el honor y la fortuna de otros argentinos (sus hijos) deberán ser considerados como bien los define la Constitución Nacional, como Infames Traidores a la Patria.

A los legisladores que pretendan arrogarse facultades que jamás le fueron delegadas ni explícita ni implícitamente, y peor aún pretendan otorgar sumisiones y supremacías por las que la vida de los hijos queden liberadas al arbitrio de los padres, no solamente no se los deberá votar, sino que deberán ser luego enjuiciados y condenados por Infame Traición a la Patria.

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