El diario LA GACETA, publicó el 10-12-21, una nota en la que los concejales del PRO, Álvaro Apud y Guillermo Casanova, presentaron con la intermediación de la legisladora (ex bussista) Nadima Pecci; un proyecto de ley de «Ficha Limpia«.
«Es necesario promover una norma que impida el ingreso a la función pública, por designación o elección, de personas que hayan infringido el contrato social e incurrido en infracciones penales, en etapa de procesamientos o hayan cumplido su condena«, afirman los concejales autores del proyecto.
Enla misma nota se consigna que, «con el acuerdo de todos los concejales de Juntos Por el Cambio, se aprobará en la sesión prevista para el Martes 21 de Diciembre, una resolución para que la Honorable Legislatura de Tucumán apruebe el proyecto presentado por los legisladores Nadima Pecci y Ricardo Bussi«.
Por otro lado, el medio tucumano, LA GACETA (26-05-21), publica una nota en que se da cuenta de la denuncia en el fuero Penal presentada por el concejal Marcelo Albaca (PJ) ante el Fiscal de Delitos Contra la Sanidad, Marcelo Leguizamón.
El concejal Marcelo Albaca, en díalogo con El Diario en Tucumán, nos informa que a pesar de ser el autor de la denuncia en contra de su par, Álvaro Apud, la justicia no le permite acceso a la causa ni fue llamado a ratificar o ampliar la misma.
No hace falta un análisis jurídico para deducir, que de prosperar la iniciativa de estos concejales, Apud se pone en aprietos a sí mismo, por haber incurrido en una falta penalmente sancionable durante la pandemia y existiendo restricciones en cuanto a la concentración de personas, cuando participó en una marcha frente al domicilio del gobernador Juan Manzur. Así lo publicamos en El Diario en Tucumán. el 25-05-2021 https://www.eldiarioentucuman.com.ar/el-video-de-un-concejal-de-yerba-buena-manifestandose-en-el-domicilio-del-gobernador-fue-duramente-criticado-en-las-redes/
El Diario en Tucumán consultó a dos juristas tucumanos, que por las funciones que ocupan solicitaron no ser mencionados. «No conozco el tenor del proyecto; aunque imagino que la ‘FICHA LIMPIA’ refiere al supuesto de que los ciudadanos eventuales sujeto de aplicación de este proyecto de ley, estén procesados o con un avance significativo de la investigación penal. Por la mera denuncia sería de imposible cumplimiento… Una irracionalidad absoluta«, opina un letrado.
«Estoy convencido que la proscripción solo podría ser válida de existir una sentencia firme. De no ser así, me parece un disparate total«, continúa, consultado sobre la iniciativa.
«A ver… Por un lado tenés el estado de inocencia, es decir; todos los ciudadanos de la República Argentina somos inocentes. No lo presumimos, somos inocentes«. Antes existía la presunción, ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario«, afirma el especialista enfáticamente. La única manera de demostrar lo contrario, es mediante una sentencia firme«, agrega.
«Si nos referimos a un condenado privado de la libertad, es obvio que no puede ser candidato, porque está privado de la libertad. De no estar privado de la libertad, nada impide que no pueda ser candidato; es en todo caso el votante quien debe elegir o no si quiere votar a un ciudadano en esas circunstancias«. afirma una alta funcionaria judicial, consultada «off de record«.
«Si hablamos de alguien que cumplió con la pena, pagó lo que tenía que pagar…, ese es nuestro sistema penal». «El sistema argentino es de resocialización. Si el ciudadano ya cumplió su pena, no se puede cercenar sus derechos constitucionales. El cumplimiento de la pena no lo priva de poder ejercer su derecho a ser elegido o a ingresar en un cargo por designación«. «Desde el punto de vista penal, no permitirle ejercer sus derechos a quien cumplió la pena, es una aberración jurídica», apunta la misma funcionaria.
«En el caso de que la condena importe la inhabilitacion para ejercer cargos públicos, ésta se aplica, pero limitada en el tiempo».»Me parece que este tipo de proyectos no tiene un fin jurídico, sino meramente político; pero la mentira tiene patas cortas». «Se sabe que una gran parte de la sociedad avala este tipo de planteos, que como dije, carece de todo tipo de posibilidad de aplicación», concluye.
Resulta totalmente llamativo que los concejales Álvaro Apud y Guillermo Casanova, impulsen un proyecto de ley, que de aprobarse, pondría en jaque nada menos que a su «jefe partidario» y máximo referente del PRO; el ex presidente Mauricio Macri, quien (entre varias causas abiertas) se encuentra en calidad de PROCESADO, por la causa de ESPIONAJE a los familiares de los fallecidos tras el hundimiento del ARA San Juan.
Es sorprendente que se desconozca el estado de la causa tras la denuncia del concejal Marcelo Albaca, que implica directamente a Álvaro Apud, uno de los concejales del PRO que avalan este mamarracho jurídico; quien debiera rendir cuenta de sus propios actos, antes de presentar un proyecto restrictivo de las garantías que prevé nuestra Constitución Nacional.
«En un sistema de enjuiciamiento penal que preserve los principios liberales, su esencia es el respeto irrestricto al estado constitucional de inocencia. Se trata de un derecho penal de acto y no de autor, en donde el poder punitivo del Estado actúa ex post facto (esto es una vez que se cometió un hecho delictivo) para determinar precisamente si estamos ante un hecho delictivo, quienes son sus autores y verificar el grado de participación del cual, junto a otros factores de ponderación, surgirán los parámetros para seleccionar el grado de reproche que merece la conducta delictiva (monto de la pena)».
«Es que todo ciudadano goza del sagrado estado de inocencia, ya sea que se encuentre denunciado, imputado, procesado o en proceso de juicio oral, aún cuando le pese una condena que no alcanzó a ser tal porque todavía está en estapa de revisión y no fue confirmada, al igual que cualquier otro ciudadano sobre el cual no se sospecha la comisión de un delito».
«No es posible distinción alguna en torno a una cuestión que no admite discusión posible. Sólo la justicia puede perforar el estado de inocencia y demostrar la responsabilidad en la comisión de un delito. No existe, ni puede crearse otro mecanismo que pretenda arrogarse prerrogativas que la Constitución Nacional expresamente garantiza, precisamente para resguardar derechos que surgen de normas supra legales y que garantizan la convivencia», concluyen los especialistas consultados por El Diario en Tucumán.
Este Martes 21 de Diciembre el Concejo Deliberante de Yerba Buena, tratará entre otros (una excepción al COU infaltable, incluida), el punto 14 del Orden del Día, por el cual se pretende emitir una Resolución para que la Legislatura de la Provincia de Tucumán, trate el «Proyecto de Ficha Limpia»; un engendro jurídico sobre el cual dificilmente los legisladores puedan tomar en serio.
Sin duda alguna, algún concejal pedirá a su par Álvaro Apud (uno de los autores del proyecto) que rinda cuenta de sus actos cuando se presentó con una bandera al hombro, en plena pandemia y restricciones, frente a la casa del entonces gobernador, Juan Manzur.
